Las fuerzas de seguridad de Venezuela incurren en un "patrón sistemático de abusos" contra manifestantes opositores, incluyendo la tortura, con el fin de inhibir las protestas, denunció la organización Human Rights Watch (HRW) en un informe divulgado el lunes.
HRW encontró "evidencias convincentes de graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad", señala el documento.
En ocasiones, fiscales y jueces "conocieron, participaron o de otro modo toleraron abusos contra manifestantes y detenidos, incluyendo serias violaciones de sus derechos de debido proceso", denunció la organización con sede en Nueva York.
Según el documento de un centenar de páginas, titulado "Castigados por protestar", los "integrantes de las fuerzas de seguridad también permitieron que pandillas armadas partidarias del gobierno atacaran a civiles que no estaban armados, y en algunos casos colaboraron abiertamente con ellas".
"Estos hechos no son aislados y constituyen un patrón sistemático de abusos", dijo el director del capítulo americano de HRW José Miguel Vivanco, al presentar el informe en Washington.
"El presidente (Nicolás) Maduro no puede, ni debe, ni pudo ignorar estos hechos y debe cesar de atribuirle la responsabilidad por la violencia y los abusos a la oposición, llamándolos fascistas", afirmó.
"Numerosas evidencias"
Una investigación de HRW en marzo -durante el peak de las protestas- halló "numerosas evidencias" de abusos en 45 casos que involucran a más de 150 víctimas en Caracas y los estados de Carabobo, Miranda y Lara en Venezuela.
En casi todos los casos, uniformados recurrieron "reiteradamente a un uso ilegítimo de la fuerza", así como "descalificaciones políticas" contra manifestantes pacíficos y desarmados, incluso después de que estuvieran detenidos, según el informe.
En al menos diez casos, "los abusos claramente constituyeron tortura", y en otros 13 fueron dirigidos contra fotoperiodistas o personas que tomaban imágenes de la represión policial.
Para Vivanco, esta situación "representa la crisis más grave que hemos presenciado en Venezuela en años".
El país suramericano se está convirtiendo en una "anomalía" en derechos humanos en América Latina frente a otros países como Chile o Brasil, donde los casos extremos de abusos policiales en las recientes protestas recibieron la condena de las más altas autoridades, aseguró el directivo.
El gobierno venezolano calificó a las protestas de "golpe de Estado en desarrollo" y afirma que la violencia es producto de dirigentes opositores o de los manifestantes, quienes han bloqueado calles y enfrentado con piedras o bombas molotov a las fuerzas de seguridad.
Pero esos casos son una "reducida minoría", señaló Vivanco.
Según el director de HRW, "ese lenguaje que utiliza el gobierno al más alto nivel (...) procura un ambiente donde los agentes del Estado y estas pandillas armadas se sienten respaldados para actuar con violencia contra los supuestos conspiradores".
"Evidentemente lo que se busca es imponer el temor y amedrentar" a los manifestantes, afirmó.
Las manifestaciones callejeras, cuya intensidad ha disminuido desde que se iniciaron el 4 de febrero, han dejado 41 fallecidos y más de 700 lesionados, mientras que la Fiscalía realiza 145 investigaciones por violación de los derechos humanos, la mayoría por trato cruel.
