Como Felipe Huenchullán Cayul, fue identificado el huelguista mapuche que fue derivado al hospital de Angol desde el penal donde se encuentra recluido en dicha comuna, de la Región de La Araucanía.

Según consignó radio Cooperativa los familiares del preso mapuche, que permanece en huelga de hambre hace 52 días en protesta por la aplicación de la Ley Antiterrorista, intentan establecer si la descompensación sufrida por Huenchullán, se produjo tras ser obligado a someterse a un examen de sangre por parte de funcionarios de gendarmería.

Esto, porque los 32 comuneros que se encuentran en huelga se oponen a realizarse estas pruebas para verificar su estado de salud.

Ayer el gobierno dio a conocer un proyecto de ley para modificar la justicia militar y la Ley Antiterrorista, anuncio que según la abogada de la agrupación Liberar, Karina Riquelme, no sirven en estas causas, ya que es el Ministerio Público el que formaliza a los mapuches que se encuentran en prisión y que prontamente deberán enfrentar un juicio oral.

Por su parte, María Tralcal, vocera de los familiares de los presos,  dijo hoy que es un tema "super complejo" y afirmó desconocer si hay (en el gobierno) intenciones de resolver el problema de fondo.

"Sobre los hechos terroristas hay demasiada ambigüedad" en contenido y aplicación, porque cualquier hecho puede ser considerado así según el criterio del juez", señaló, en declaraciones a radio Cooperativa.

Tralcal valoró el apoyo recibido el miércoles de parte de parlamentarios de la oposición y expresó que "aunque (el gesto) fue bastante tarde no creo que sea justo que lleguemos al Bicentenario con 32 presos políticos en huelga de hambre", y reiteró que los presos en huelga han entrado en una fase crítica, "de riesgo vital", debido a la pérdida de peso.

"Como familiares estamos muy preocupados, pero también entendemos que los hermanos tomaron la decisión y su postura siempre ha sido hasta las últimas consecuencias. Los apoyamos, aunque nos duela mucho, pero tenemos que respetar la decisión de ellos", concluyó.

En total, 106 indígenas están procesados o condenados por delitos vinculados a las reclamaciones que algunas comunidades llevan adelante desde hace varios años en la región de La Araucanía por la propiedad de tierras que consideran ancestrales.

Hasta ahora, se han registrado tres muertos en el conflicto, pero todas las víctimas han sido comuneros abatidos en incidentes con Carabineros.