La noche del lunes, los senadores de RN Alberto Espina y José García Ruminot llegaron en absoluta reserva hasta el Palacio de La Moneda.

En ese lugar los esperaban el intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla; el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y los otros dos senadores que representan a esa región: los PPD Jaime Quintana y Eugenio Tuma.

El objetivo del encuentro -que se prolongó hasta la medianoche- fue analizar en detalle los principales problemas que tiene pendiente el gobierno en la zona y compartir un diagnóstico común sobre cómo enfrentarlos.

La idea -explican los asistentes a la reunión- es generar un acuerdo transversal entre el oficialismo y la oposición para impulsar y viabilizar las medidas necesarias. De hecho, así lo transmitieron Huenchumilla y Aleuy a los parlamentarios.

En esa línea, las mismas fuentes dicen que se abordaron las demandas del pueblo mapuche -entre otras cosas, relacionadas con inconvenientes de acceso a servicios básicos en las zonas rurales- y, además, se analizaron los hechos de violencia ocurridos en la región y se delinearon algunos métodos para cumplir prontamente con la entrega de tierras a las comunidades.

Fue, precisamente, este último tema el que concentró gran parte de la conversación: cómo acelerar y cómo concretar ese proceso, sobre el cual aún no existe una definición exacta por parte de La Moneda.

El traspaso de terrenos está pendiente desde 1993, cuando se creó la Ley Indígena y, posteriormente, se adquirieron esos compromisos. Esto, en base a los títulos de merced con los que cuentan los mapuches, que fueron entregados por el Estado a partir del año 1884, tras la ocupación militar de La Araucanía.

En la cita del lunes, el gobierno planteó la discusión la alternativa de "acotar" la cesión de los terrenos. Esto no implica disminuir las cantidades ya acordadas con las comunidades mapuches, sino que simplemente realizar un catastro exacto y una "delimitación".

El objetivo de delimitar la entrega de tierras es evitar que el número de hectáreas que se debe traspasar aumente debido a divisiones que se produzcan en algunas comunidades, ya que el tamaño se calcula por familia.

Los asistentes a la reunión explican que los senadores de RN se mostraron partidarios de realizar ese trabajo, al igual que los representantes del PPD. Sin embargo, estos últimos manifestaron ciertas dudas sobre las consecuencias.

Uno de los inconvenientes que se expusieron en la cita en La Moneda fue cómo llevar a cabo esa delimitación: si concretarla de forma unilateral o si, en cambio, se requiere aplicar una consulta indígena con las comunidades involucradas, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Otro de los temas que acaparó la atención de los asistentes a la reunión fue la necesidad de "aislar" a quienes han cometido ataques y provocado incendios en la Novena Región, algo que concitó un relativo consenso entre los senadores de RN y del PPD.

Sobre este tema, las autoridades del gobierno recalcaron que se aplicará "mano dura" a quienes sean detenidos, pero reiteraron la decisión del Ejecutivo de no aplicar la Ley Antiterrorista. Esto, por tratarse de un "conflicto social". Ese criterio fue anunciado públicamente por el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en los inicios de la segunda administración de la Presidenta Michelle Bachelet. Posteriormente, fue comunicado el 19 de junio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y, finalmente, fue reafirmado por el jefe de gabinete durante la interpelación que enfrentó en la Cámara de Diputados a mediados de julio.

Una cita similar estaba previsto que se realizara ayer en la noche, al cierre de esta edición, posiblemente con la participación del ministro Peñailillo, mientras que en dos semanas más se concretará otra reunión, en la que los senadores presentarán nuevas propuestas.