El 14 de noviembre, la directora del Sename, Solange Huerta, se presentó en calidad de testigo ante los fiscales del caso, quienes indagan las muertes al interior de los recintos del Servicio. Su testimonio quedó plasmado en 14 páginas, donde hizo una crítica lectura de las investigaciones penales, del Estado en materia de responsabilidad infantil y de las condiciones en las que estaba el organismo cuando ella llegó al cargo.
La ex fiscal regional de la zona Metropolitana Occidente deslizó críticas a las investigaciones penales por los maltratos en los centros del Servicio. "Lo que resulta desmotivador es que denuncias de hechos muy graves no tengan un mayor avance en la etapa penal, por ejemplo, existe un sumario conocido como los 11 (menores) del Cread Playa Ancha, que se levanta en una supervisión por una situación de maltrato grave en 2015, a niños y adolescentes de ese Cread (...). En materia penal esta investigación prácticamente no ha avanzando", indicó Huerta.
La abogada abordó también las falencias detectadas cuando se ingresa un menor fallecido al sistema de registro. "Una de las dificultades que he observado es que los fallecimientos en centros residenciales administrados por organismo colaboradores y fallecimientos de programas ambulatorios se comunican tardíamente", señaló.
La directora del Sename se refirió a las certificaciones médicas en los decesos. "Desde la perspectiva médico-legal no corresponde que todo fallecimiento se denuncie a la fiscalía (...). Sin embargo, mi opción en estos meses es mantener dicha instrucción, ya que efectivamente las causas de fallecimiento que están en los certificados de defunción no dan la certeza que esos fallecimientos hubieran obedecido a causas naturales. No tengo claro si la causa de fallecimiento que se constata en el certificado de defunción contiene la información íntegra entregada por el médico que certifica la defunción (...) porque dificulta que un médico establezca como causa de muerte paro cardiorespiratorio, ya que todos los seres humanos fallecemos por eso".
Sobre la lista de menores fallecidos (243 desde 2005) en centros del Sename -la cual fue elaborada en la administración de Huerta y entregada al Ministerio Público y al Congreso-, dijo que "no es posible sostener que el Sename tenga una política pública institucional de egresar niños para que no se contabilicen en la nómina de fallecidos como han dicho algunas autoridades públicas. Porque, en primer lugar, y por doloroso que sea reconocerlo, no existía una real preocupación para saber y hacer un catastro respecto de los fallecidos".
Tras ser consultada sobre si se ha establecido una política pública para atender la situación de los fallecidos, la directora del Servicio respondió: "no lo sé. Se remitió oficio respecto de varios avances pero no sé si da para política pública. Mi tarea es hacer que la realidad cambie sin esperar modificaciones legislativas, ya que los niños no pueden seguir esperando los tiempos parlamentarios".
En tanto, al explicar cómo opera el Sename y las competencias del Servicio en la protección de menores, Huerta advirtió que "me llama la atención, por ejemplo, que la autorización de permisos sin goce de sueldo, las apelaciones de las evaluaciones de desempeño de todos los funcionarios, la decisión de traslado de un adolescentes imputado de un centro privativo de libertad a otro, ciertos procesos licitatorios, entre otras varias materias, se encuentren centralizados ni siquiera en la Dirección Nacional, sino que directamente en el director o directora nacional del Servicio, lo que desde la perspectiva de la eficiencia no se ajusta a los estándares de lo que uno entiende debería ser un organismo público moderno".
