Hugo Bravo López (69), ex directivo del grupo Penta, reconoce estar sufriendo el "síndrome del condenado a muerte". Según un informe pericial elaborado el 6 de agosto (casi un mes antes de que hiciera pública la investigación por los supuestos aportes), por la psicóloga Sally Reiss Moya, el ingeniero comercial y otrora brazo derecho de los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, relató el duro momento por el que atraviesa tras revelar ante el fiscal Carlos Gajardo las supuestas irregularidades en esos aportes.

En la entrevista ante la perito, Bravo López asegura haber sido un "profesional exitoso durante más de 35 años". Sin embargo, señala que su carrera se vio truncada porque "tuve una caída por tonto", declara, aludiendo a la investigación que instruye el Ministerio Público en su contra por el supuesto fraude al Fondo de Utilidades Tributables (FUT), donde tiene calidad de imputado. En la misma diligencia -presentada como prueba por su defensa en la demanda laboral por $ 2.300 millones que interpuso contra Penta-, Bravo contó sus problemas de salud y las dificultades que le generaron a partir de 1990. Según el texto, el ex directivo relató "que se siente acabado, que en el mundo actual 'los viejos no tienen espacio'".

Temor a estar en prisión

Uno de los puntos que aborda el informe es la investigación que la Fiscalía de Alta Complejidad sigue en su contra: "Cuando se le pregunta qué cree que es lo peor que le podría pasar, responde: 'Que más... Los medios de comunicación han barrido el suelo conmigo'". Agrega que "me da miedo el qué dirán..., la morbosidad de la gente (...), qué van a pensar los amigos de mis hijos..., van a tener la imagen de un padre estafador", aseguró.

La diligencia, además, ahonda otro aspecto que preocupa al principal testigo del Ministerio Público.

"No soportaría estar preso... No podría seguir con mis tratamientos de salud", enfatizó Bravo. Añade que "tiene ataques de angustia y de pánico en las madrugadas, aunque está tomando medicamentos para la ansiedad y la depresión, recetados por un psiquiatra", afirmó.

Demanda laboral

A través de una demanda presentada el 3 de octubre en el Segundo Juzgado Laboral, Hugo Bravo pidió una indemnización de $ 2.300 millones por daño moral y despido injustificado, entre otros aspectos. En la acción legal, el ex miembro de Penta esgrime sobre los supuestos pagos irregulares que "no es razonable ni menos creíble que el denunciante (Bravo) haya por sí y ante sí adoptado la decisión de efectuar 'pagos extraordinarios' (a campañas políticas) mediante la emisión de boletas de honorarios de terceros por servicios que jamás fueron presentados al grupo". Agrega que él debía firmar cheques que, a su vez, tenían que ser firmados por el contador de confianza de los socios del grupo, Marcos Castro Sanguinetti, lo que demostraría que "dichas acciones y eventuales operaciones no podrían ser realizadas autónomamente por el denunciante y, por ende, obedecían a instrucciones impartidas por los socios controladores".

La reacción de Penta

"No nos llama la atención que la demanda laboral esté plagada de afirmaciones falsasa, porque en el ultimo tiempo hemos detectado que el señor Bravo ha estado entregando información falsa al fiscal a cargo de la investigación y hemos estado trabajando en demostrar con evidencia documental la falsedad de sus afirmaciones", dijo Julián López, abogado de los socios del grupo Penta.

"Estamos estudiando muy cuidadosamente esta demanda para determinar si procede ejercer acciones legales, porque de sus afirmaciones se desprenden hechos que claramente reviten caracteres de nuevos delitos", agregó López.