Riberas de ríos, caleteras de autopistas y predios eriazos cerca de poblaciones son los lugares que concentran los mayores vertederos ilegales de Santiago. Se trata de alrededor de 400 hectáreas de la ciudad donde se lanzan escombros, muebles, electrodomésticos y también líquidos tóxicos por parte de empresas o particulares, que deciden no pagar el precio de acudir a un relleno sanitario que cumple con normas ambientales.
Este año, la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la Región Metropolitana elaboró un catastro donde se identifican 73 grandes basurales, los que poseen más de una hectárea de superficie. Están ubicados en 12 comunas de la zona norte, sur y poniente de la capital. José Miguel Arriaza, seremi de Medio Ambiente, sostiene que el problema es que 43 de estos sitios constituyen un riesgo para la salud de las personas, pues se acumulan desechos de todo tipo que pueden contaminar las aguas que bebe la población. Además, la acumulación de desechos puede generar el contagio de enfermedades debido a bacterias y virus.
Debido a esto, la cartera formó una mesa de trabajo para coordinar acciones con las municipalidades, Carabineros y los juzgados de policía local. La Ley 20.879 es la que sanciona el traslado y disposición de desechos con multas a los dueños de los sitios y a los conductores que transportan los residuos. El seremi, sin embargo, afirma que la justicia se ha declarado incompetente en algunos casos, lo que lleva a que los comerciantes del rubro actúen en impunidad.
De acuerdo al registro, Quilicura y Buin concentran la mayor superficie de vertederos. En el primer caso, se llega a 66,5 hectáreas, mientras que Buin posee 56 hectáreas de acopios. También se ha determinado que hay 600 microbasurales que tienen menos de una hectárea, donde los vecinos o productores acumulan desechos ante la ausencia de recolección. Uno de los casos más graves es el entorno de la escuela Eliodoro Matte, en San Bernardo, pues sus alumnos deben convivir con desechos como neumáticos, escombros y hasta animales faenados.
Fiscalización
El alcalde de Buin, Miguel Araya, dice que existe una "mafia" que trabaja en los vertederos ubicados en un tramo de 33 kilómetros del río Maipo correspondientes a la comuna. "Este negocio no se detiene. Hay quienes pagan a terceros para llevarse la basura, pues quieren ahorrarse el costo de ir a sitios legales. Todo esto provoca focos de contaminación", sostiene.
Por ello, ha llevado adelante fiscalizaciones que incluyen requisar a los camiones y sancionar a los dueños de los vehículos con hasta $2 millones. Este año se han retenido 47 vehículos. "Los inspectores municipales han sido agredidos, por lo que es difícil controlar esta actividad", añade el edil.
En el caso de Lampa, la alcaldesa Graciela Ortúzar cuenta que hay numerosos predios donde se han formado acopios ilegales, por lo que formó un equipo que monitorea a los vehículos que arrojan estos materiales, los que transportan cerca de 300 toneladas de basura mensualmente a esos sitios. Cuando los detectan, la municipalidad traslada la carga a un relleno legal.
La recuperación de un suelo dañado por la acumulación de desperdicios es compleja. La Intendencia de la Región Metropolitana ha debido impulsar el plan "Mapocho Limpio", destinado al retiro de basura para reconvertir los bordes en áreas verdes. Se ha realizado esta tarea a la altura de los puentes Petersen, La Máquina y Carrascal. En esta labor también han participado privados, que se hicieron cargo de financiar algunas obras.
El seremi Arriaza, en paralelo, ha llevado adelante reuniones con los concesionarios de las autopistas de Santiago (Costanera Norte, Vespucio Norte, Sur y Autopista Central), con el objetivo de que fiscalicen los accesos por donde ingresan los camiones con basura a las caleteras. Se les pidió que instalen cámaras en esos puntos para identificar a los vehículos irregulares.
Marcel Szanto, investigador de la U. Católica de Valparaíso en el área de residuos, señala que la mayoría de los vertederos se forman por la acumulación de material de la construcción. Según el ministerio, corresponde a un 80% de la basura que va a estos sitios, además de un 15% de muebles y neumáticos.
"Se debe perseguir la responsabilidad de la fuente que los dispone en estos lugares. Es la única forma", dice. Añade que, por ejemplo, en España a los productores de residuos se les pide una boleta de garantía y, en el caso de que no cumplan con su adecuada disposición, se les multa.
