El poblado de Santa Olga, en la VII Región, se convirtió en el símbolo de la destrucción que dejaron los incendios forestales que afectaron la zona centro-sur en el verano pasado. Aquel 26 de enero el lugar fue declarado zona de catástrofe, luego de que prácticamente desapareciera consumido por las llamas.
Fue en el marco de esta emergencia que el gobierno anunció la entrega de bonos para asistir a los damnificados, que incluían una ayuda de un millón de pesos a las familias afectadas con la pérdida total de sus bienes.
Sin embargo, transcurridos pocos días de la entrega de los primeros bonos, vecinos de Santa Olga denunciaron la existencia de personas que, sin residir en esta localidad, estaban accediendo a ese beneficio. Dicha situación se convirtió en una causa penal, cuando el fiscal de Constitución Alexie Crisóstomo abrió una investigación de oficio por el presunto delito de estafa.
El caso quedó en manos de la PDI, que en septiembre pasado entregó un informe al persecutor, con el resultado de las pesquisas.
Según estableció la policía civil, 76 personas recibieron la ayuda en la VII Región sin contar con los requisitos. De estos, gran parte no vivía en el lugar, condición esencial para optar al bono.
Esta es la situación que ocurrió con los imputados rotulados por la PDI con los números 26 y 27, identificados como Carolina Villanueva y Radomiro Navarrete, respectivamente. Ambos son un matrimonio y efectivos de Carabineros, destinados a la comuna de Padre Las Casas, en La Araucanía.
El informe de la PDI, que consta de 115 páginas, incluye la versión de los uniformados. Ahí, Villanueva (de grado sargento segundo) relató que en septiembre de 2015 compró una casa en Santa Olga para su madre y que el día del incendio se enteró, a través de ella, que esta residencia "había sido consumida por el fuego".
Añadió que al día siguiente viajó a la VII Región y que "el día 31 de enero pasaron unos funcionarios públicos que estaban confeccionando la Ficha Básica de Emergencia (Fibe); hacer presente que el funcionario llenó la ficha de su puño y letra. Sin embargo, cuando firmé no revisé los datos". Luego, señaló que en febrero recibió un llamado de su madre indicándole que junto a su marido debían crear una cuenta RUT cada uno, para que les realizaran el depósito.
"Luego, no recuerdo el mes exacto, a mi marido le depositaron la suma de $ 1 millón, correspondiente al bono de enseres, dinero que se lo entregamos por mano a mis padres como una forma de ayudarlos. Pasado unas semanas, me depositaron a mi cuenta la suma de $ 400 mil, correspondiente a $ 200 mil de bono de arriendo más $ 200 mil de garantía. Los meses siguientes me continuaron depositando los $ 200 mil", indicó la carabinero.
Villanueva añadió que el motivo por el cual cobró el bono fue porque "yo era propietaria de una casa en ese sector y mi casa fue completamente afectada". Respecto del bono de arriendo, dijo que "nunca lo solicité. Solo me depositaron a mi cuenta RUT, por lo que el dinero está en el mismo lugar y no lo hemos utilizado". Añadió que el motivo por el cual no ha hecho gestiones para devolverlo fue que "mi madre está haciendo esos trámites y es por eso que no hemos gastado el dinero".
Al final de su testimonio, indicó que todos los depósitos por concepto de bono de arriendo los transfirió a su progenitora.
Radomiro Navarrete (de grado sargento segundo), en tanto, dijo a los detectives que "la razón de por la cual no hemos hecho ninguna tramitación para devolver el dinero es solo porque, como ya dije, se lo entregamos a mi suegra, para que lo administrara de mejor manera y, sobre lo mismo, desconozco si se ha utilizado en algo".
Carabineros, consultado por esta situación, indicó que se trata de "una acción relativa al ámbito privado de las personas y se está realizando una investigación administrativa".
El fiscal Crisóstomo señaló que "la PDI estableció que 76 personas pudieron haber recibido subsidio sin corresponder. Ahora, solo se ha podido tomar contacto con 42. Falta la declaración del resto para conocer su versión. Así, se dio una segunda instrucción". Añadió que se tomarán decisiones judiciales en la causa "cuando se tenga ese complemento".
Versión del gobierno
El seremi de Gobierno del Maule, Marco Villagra, señaló que "siempre hemos hecho un llamado a la responsabilidad al momento de requerir beneficios asociados a la ocurrencia de incendios forestales. Nosotros apelamos a que nos entreguen antecedentes verdaderos frente a los requerimientos de información".
Indicó que "nos haremos parte de las acciones judiciales para que esto no vuelva a ocurrir". Y dijo que, en total, cerca de 1.100 familias recibieron estos bonos.
