La Conferencia Episcopal (Cech) ingresó ayer al Tribunal Constitucional el documento titulado "Observaciones al proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales".

A través de este escrito, la Iglesia, que como persona jurídica no se presentará a las exposiciones orales, comunicó su postura crítica respecto de la iniciativa.

El texto está firmado por el obispo Santiago Silva, presidente de la Cech, y en lo medular señala que la presentación "emana de su misión, como es el servicio a la persona humana y la sociedad".

El documento, en 13 páginas, expone cinco puntos centrales de argumentación y destaca que "con el eufemismo de despenalización, en realidad, el proyecto aprobado pretende legalizar el aborto".

Aquellos cinco ejes son: "Constitucionalidad en lo que respecta al valor intrínseco de la vida; el deber de protección al más débil que tiene el Estado en su posición de garante de la sociedad; el principio de no discriminación, que obliga tanto a gobernantes como a gobernados en la búsqueda de la justicia; el derecho que tienen todos y cada uno de los hombres y mujeres que habitan este país de profesar sus creencias religiosas y actuar en su vida pública y privada en conformidad a ellas, sin que pueda el Estado conculcar ese derecho humano; y al derecho, que es también deber, de los padres respecto de sus hijos e hijas menores de edad (...)".

Y se destaca que "ahora es el tiempo en el que se decida no sólo desde una perspectiva ética, que busca distinguir entre lo bueno y lo malo, sino que es el momento de discernir, optando entre lo bueno y lo mejor para resolver acerca de la constitucionalidad de una potencial norma que rebaja de manera sustancial la protección del niño no nacido".