La Iglesia Católica de Brasil y el sector ruralista, incluido el ministro de Agricultura, Reinhold  Stephanes, rechazaron hoy varios puntos del Programa Nacional de Derechos Humanos presentado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Vemos estas iniciativas como una actitud arbitraria y antidemocrática del gobierno de Lula. La Iglesia es contraria. Todos los obispos están en contra", dijo el obispo de Assis, estado de Sao Paulo, José Simao, titular del Comité de Defensa de la Vida de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil  (CNBB).

En total, el nuevo plan derechos humanos -que ya ha sido objetado por los mandos militares- aglutina 27 proyectos de ley que serán tratados durante los  próximos 11 meses.

El plan -organizado por el ministro del área, Paulo Vanucchi- incluye la creación de una Comisión Nacional de la Verdad sobre los crímenes cometidos durante la dictadura - entre 1964 y 1985-, aspectos referentes a la disputa de tierras y  la despenalización del aborto y la unión civil entre homosexuales.

El obispo de Assis aclaró que la Iglesia cuestiona el proyecto de ley de despenalización del aborto, la posibilidad de que homosexuales puedan adoptar niños, la unión civil entre personas del mismo sexo y reglamentar la prohibición de símbolos religiosos en las escuelas públicas.

Asimismo, el titular del CNBB dijo que consultará con sus pares para enviar un mensaje al gobierno, pero la prensa local especula que varios jerarcas católicos que han sido aliados tradicionales del Partido de los Trabajadores (PT) pretenden enfrentar la cuestión con discreción.

La iniciativa del gobierno provocó en vísperas de la Navidad un fuerte rechazo por parte de las Fuerzas Armadas, ya que consideran que la iniciativa viola la Ley de Amnistía de 1979, que dictó el régimen militar.

Por otra parte, el ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes, en sintonía con la presidenta de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), Katia Abreu, del conservador Demócratas,  afirmó que el proyecto crea una "inseguridad jurídica" al flexibilizar la reglas de reintegración de tierras  en propiedades rurales ocupadas.

El ministro y la jefa de los ruralistas alertaron que se estimulará la violencia en el campo con la creación de una cámara de conciliación para determinar la propiedad de las tierras en Brasil antes de la intervención de la justicia.

Según Stephanes, su ministerio no fue consultado sobre el proyecto y acusó al ministro Vanucchi de haber separado de la problemática a la agricultura comercial y a la familiar, que se hace cargo del 70% de los alimentos consumidos en el país.

"No se puede dividir a la agricultura en comercial o familiar, porque existe una clase media rural en crecimiento", afirmó el titular de Agricultura.

El nuevo decreto de derechos humanos establece para los próximos 11 meses la elaboración de por lo menos 27 nuevas leyes que van desde la regulación de huertas comunitarias hasta la revisión de la Ley  de Amnistía, el impuesto a las grandes fortunas, los temas de unión civil homosexual y despenalización del aborto y la fiscalización de las investigaciones de biotecnología.