Molestia causó entre los rectores de las universidades no estatales del Consejo de Rectores (Cruch), agrupadas en el G9, que en el proyecto de ley de reforma a la educación superior no se haga mención a las instituciones privadas de rol público. El rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez, calificó esta omisión como "una miopía y falta de visión".

¿Cree que el proyecto de educación superior resguarda la autonomía de las instituciones?

Cuando un proyecto como el que hemos conocido plantea una sobrerregulación del sistema y sus instituciones, la fijación de cupos en la matrícula y los aranceles universitarios sin considerar algo que es clave, que es la pertinencia y necesidad país de los programas, la calidad de las universidades que lo imparten y su propuesta educativa, estamos frente a un proyecto que significa un riesgo mayor a la autonomía universitaria. Esto afecta a las universidades estatales, a las de función pública y a las privadas. Por otra parte, cuando se decide suspender de manera arbitraria el aporte basal e histórico a las instituciones de función pública, lo que les permite ser un aporte significativo al desarrollo del país, es evidente que se afecta de manera muy seria la autonomía universitaria. Esto va a afectar a universidades con más de 100 años de historia, a instituciones que han recibido aportes basales en muy diferentes gobiernos, con leyes firmadas con presidentes de Chile de muy diversos partidos políticos. Esto es claramente inaceptable.

Pero ¿reconoce que debe haber regulaciones?

Por supuesto que se requiere por parte del Estado, y lo hemos apoyado desde el inicio, una regulación de un sistema que ha estado desordenado, sin límites ni controles en muchos de sus aspectos, lo que ha significado excesos que se han conocido públicamente. Sin embargo, no podemos desarrollar un sistema que se base en un exceso de controles, ni menos se puede permitir que parte de esos controles dependan directamente del desarrollo académico de cada universidad. Las instituciones que han demostrado tradición y madurez a lo largo de la historia de Chile no pueden estar sometidas al mismo control burocrático que el que se imponga a los proyectos más jóvenes o los que han estado siendo investigados por infringir la legalidad vigente. Lo anterior no tiene que ver con que tenemos que ser muy estrictos en rendir cuenta de cada peso público que reciban nuestras instituciones.

¿Qué sensación les deja el trato que recibe el G9?

Lo que hemos visto es una medida discriminatoria y que no reconoce la historia del país. Debemos reconocer que en todas partes del mundo lo público supera con creces a lo estatal, pero en este proyecto esto no se ha querido entender, probablemente por una razón ideológica, que no es compatible con la realidad internacional y en especial con la conformación de un sistema de educación superior moderno y de futuro. No es posible aceptar la omisión que se ha producido sobre el rol y aporte de nuestras instituciones, es una miopía y falta de visión muy importante, lo que significa segregación y discriminación de instituciones de carácter público, al servicio del país y de sus habitantes. Me parece inaceptable y de la mayor gravedad el trato que les da el proyecto a las universidades públicas, no estatales que integran el Consejo de Rectores. Este proyecto vulnera y desconoce la función pública de estas instituciones, lo que no podemos aceptar. Más grave aún, no nos parece razonable que en un momento en que se debe apoyar a las universidades regionales, este proyecto las afecte de esta manera, sólo porque su propiedad no le pertenezca al Estado.

¿En qué pie deja este proyecto al Cruch?

De acuerdo a lo que se presenta, este proyecto significa el fin del Consejo de Rectores, una institución creada hace más de 60 años por ley para colaborar y asesorar al Ministerio de Educación en el desarrollo de políticas públicas de educación superior. No podemos entender la razón de este grave error político y de visión que ha tenido el gobierno al plantear este problema a través de un esquema de financiamiento de este tipo. Por supuesto que tenemos que defender con mucha fuerza y convicción nuestros principios, por lo que nuestros esfuerzos a partir de ahora estarán enfocados en dar a conocer este riesgo y esta situación en el Parlamento. Esperamos que los diputados y senadores, en especial los que representan a las regiones que están afectadas por esta medida, tengan comprensión de la gravedad de este hecho. Hemos insistido en un concepto que es clave: este daño no es sólo a las instituciones, es a las regiones, a sus habitantes y al país entero.

¿Qué le parece la opción que abre la ministra para que las universidades Austral, de Concepción y Federico Santa María se transformen en estatales?

Me parece grave que la ministra introduzca otra división más al interior del Cruch y del G9. Esta propuesta significa no entender bien el valor de la provisión mixta y el rol subsidiario en educación superior, algo que la Presidenta destacó en el mensaje presidencial al presentar el proyecto de ley. En este tema, son las propias comunidades de estas universidades las que tienen que pronunciarse.

Delpiano dice que las universidades católicas están para formar "profesionales cristianos"...

Me llama la atención esta opinión, ya que la ministra nos conoce, de hecho, ella es exalumna de la UC. Nuestras universidades reciben y acogen estudiantes de gran talento y esfuerzo, de todos los sectores, creyentes y no creyentes, de manera amplia y diversa. En las universidades católicas estamos trabajando de manera dedicada para aportar buenas personas, profesionales y científicos que sirvan al país. Por esto, son lamentables las declaraciones de la ministra.