Durante largas jornadas se está discutiendo en particular el proyecto de educación superior en la comisión ad hoc del Senado y durante la tramitación se han podido ver diferencias entre el gobierno y sus parlamentarios. Un ejemplo es el rechazo, con el voto del senador democratacristiano Ignacio Walker, de la creación de un Sistema Común de Acceso a las universidades, CFT e IP, de carácter obligatorio. El hecho causó tensión, porque el parlamentario votó en la misma línea que sus pares de la derecha. "Ellos votaron conmigo", aseguró Walker. En entrevista con La Tercera, el presidente de la Comisión de Educación del Senado planteó que pese a que se está legislando contra el tiempo, se va a asegurar de que se apruebe un proyecto que no vulnere la autonomía de las instituciones.

¿Qué evaluación hace del proyecto de educación superior?

Hay que partir diciendo que este no es el ideal de ley que hubiésemos querido tener. Es un proyecto bastante deficiente: hay 695 indicaciones, de las cuales 83 son del propio gobierno. Yo presenté 91, y eso demuestra lo que le estoy planteando. A lo que se suma que tuvimos ocho sesiones con audiencias a expertos, rectores y actores del sector, con 38 personas, de las cuales 35 fueron cualitativamente críticos del proyecto. Lo que estamos tratando de hacer, de una manera casi sobrehumana, porque nos quedan tres semanas, es un esfuerzo por mejorar esto, aunque no va a ser lo ideal.

¿Es posible sacar un proyecto que no deba ser arreglado, como ha ocurrido con la Ley de Inclusión?

Nosotros estamos empeñados, tanto en la iniciativa de universidades estatales como en educación superior, en sacar algo aceptable y razonable. Porque nos alejamos del ideal, tiene muchas deficiencias, pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo para tener, por primera vez en 27 años, una ley de educación superior y de universidades estatales.

¿Una de esas deficiencias fue la propuesta del gobierno de crear un sistema de admisión común y obligatorio para todas las instituciones?

El Sistema Común de Acceso y el proyecto inicial, y tal como salió de la Cámara, era de un carácter dirigista, vertical, controlador, una macrocefalia político-administrativa que tendía más a controlar que a regular, y que terminaba ahogando a instituciones de educación superior, también por las descomunales funciones y atribuciones de la subsecretaría y superintendencia de educación superior.

¿Por qué no está de acuerdo con un sistema común y obligatorio?

En los países libres y democráticos, cada universidad tiene su sistema de acceso o admisión, entonces encuentro que es inadmisible establecer por ley, radicándolo en el gobierno a través del Ministerio de Educación, un sistema común y obligatorio para todas las universidades en materia de acceso. Eso no existe en el mundo democrático y libre, por tanto, impulsé una votación separada que permitió eliminar el sistema común y obligatorio.

¿Pero debe haber un sistema de admisión?

Sí, pero no común y obligatorio. Junto con los comités técnicos de acceso, tanto para las Ues., IP y CFT, y con una plataforma única, que la subsecretaría va a administrar, que es muy importante en tanto en la transparencia de la información del sistema. Pero son los establecimientos educacionales los que deben disponer de un sistema de acceso o admisión. Estoy muy contento que se haya rechazado una norma que afecta la autonomía universitaria, propia de un país libre que reconoce que el sistema de acceso debe estar radicado en los establecimientos de educación superior. No fue un tema menor y espero que lo que aprobamos en la comisión se mantenga.

Se podría pensar que usted votó con la derecha, porque con sus votos más los de los senadores Allamand y Von Baer se rechazó el sistema de acceso común y obligatorio...

Ellos votaron conmigo.

El ministro De la Fuente dijo que lo van a tratar de reponer

Todo es posible, el reglamento es el reglamento. Hemos tenido una buena discusión y yo no estoy disponible, creo que mi partido tampoco, para un sistema de control jerárquico y vertical que termine abogando por el dinamismo y autonomía de las universidades.

La derecha ha hecho algunas reservas de constitucionalidad, ¿cree que el proyecto tiene problemas constitucionales?

Tal cual estaba, antes de las 83 indicaciones del gobierno, tenía normas que atentaban claramente la autonomía universitaria. El 85% de las críticas de constitucionalistas se han resuelto con las indicaciones del gobierno. Ha mejorado sustancialmente, pero todavía es insuficiente, como se ha demostrado en la discusión sobre el sistema de acceso.

¿Y es posible resolver esas insuficiencias en el Congreso?

Hay que entender que el soberano es el Parlamento. Los proyectos nunca salen como entran, nosotros estamos para legislar, por tanto, la última palabra y decisión la tiene el Parlamento. Yo me estoy empeñando de buena fe para sacar este proyecto antes del 31 de enero, pero siempre que logremos consensuar algo razonable, porque lo que salió de la Cámara y lo que era el proyecto inicial del gobierno realmente dejaba mucho que desear, por decirlo suave.

Entonces, ¿por qué legislar de manera tan apurada?

No es que estemos legislando rápido, llevamos 27 años esperando una ley que permita regular de manera adecuada la educación superior en Chile. Pero lo que no podemos hacer es pasar de un sistema desregulado a uno sobrerregulado, eso termina ahogando la autonomía de las Ues. e imponiendo trabas. En el Senado tuvimos ocho sesiones escuchando a 38 personas. Claro, es apurado, porque estamos en enero y termina el gobierno, pero hay que reconocer que llevamos un año y medio de discusión en el Parlamento. Entonces, yo de buena fe creo que hay que hacer el esfuerzo, buscando acuerdos con la oposición. Mi compromiso es tratar de sacar este proyecto antes del 31 de enero, pero no a cualquier costo.

¿Hay que evitar que la derecha llegue al TC?

Hay que tratar de evitarlo, por supuesto. Hay que agotar todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo.

¿Cómo ve usted la educación en el nuevo gobierno?

Espero que el próximo gobierno mantenga las líneas fundamentales de la reforma educacional, y no veo francamente señales de que venga una nueva retroexcavadora para desarmar el camino que hemos hecho en base a una reforma educacional. No creo que vaya a venir un gobierno con ánimo de marcha atrás y sacar la retroexcavadora e inventar la rueda, porque espero que hayamos aprendido que esa no es la forma de hacer política ni políticas públicas. Quiero decir que estos proyectos de ley y esta reforma educacional tienen un grado de legitimidad social que va a hacer inviable, desaconsejable y de alto costo cualquier retroceso sustantivo que se pudiera intentar.