Autoridades gubernamentales y judiciales abogaron hoy por la despenalización del consumo de drogas en Argentina para concentrar los esfuerzos en el combate al narcotráfico.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ratificó hoy que "la postura (del gobierno) no ha cambiado, es la postura de siempre: no criminalizar al adicto es un convencimiento y una política despiadada en la lucha contra el narcotráfico".
"Esperamos casi con impaciencia un fallo importante de la Corte (Suprema de Justicia), que sería una guía que no va a despenalizar el consumo, va a elaborar la inconstitucionalidad al castigo penal a un usuario privado", reveló Fernández durante la apertura de la I Conferencia Latinoamericana de Políticas de Drogas en Buenos Aires.
El jefe de ministros consideró que "la política represiva de los últimos 20 años que tiene la ley argentina ha sido un fracaso". "También internacionalmente ha sido un fracaso porque no se ha reducido una sola hectárea de cultivo, ni las redes de narcotráfico ni el consumo", sostuvo.
El juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni declaró por su parte que "no se puede despenalizar totalmente, hay una convención internacional que lo impide". "Lo único que se trata es lo que se hace en casi todo el mundo: no penalizar al consumidor", afirmó.
"Hay una razón de política criminal, que es muy importante: no podemos desperdiciar esfuerzos en hacer un papeleo que no sirve para nada. Creo que lo que hay que combatir es el tráfico y fundamentalmente la entrada del 'paco' (residuo de la elaboración de cocaína) cambia totalmente el panorama", señaló el ministro del máximo tribunal.
El Comité Científico Asesor en Materia de Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad que depende del Ministerio de Justicia- presentó hoy un documento en el que subraya que "el consumo de estupefacientes no puede ser considerado un delito".
El consumo de drogas "se trata de una problemática de naturaleza socio-sanitaria que exige políticas públicas enmarcadas en este contexto, que incluyan según los casos estrategias de reducción de riesgos y daños", señala el informe difundido por la agencia noticiosa DyN.
El comité de expertos sostiene que "despenalizar la tenencia de escasa cantidad de estupefacientes para el consumo personal no supone ningún reconocimiento de la legitimidad de su uso, sino por el contrario, igualarla con el consumo de otras sustancias no incriminadas penalmente para posibilitar abordajes preventivos y asistenciales, no interferidos por el sistema penal".
