El pasado 21 de enero, la ex colaboradora de los prostíbulos clandestinos, Ana Rosales Pinto, debía presentarse ante el recinto penal en la provincia de Los Andes, para firmar a un mes de ejecutoriado el fallo que ordenó su libertad condicional.
Pero la imputada por el delito de promoción y facilitación a la prostitución de menores de edad, no se presentó, poniendo en riesgo la continuidad del beneficio.
Rosales es una de los seis formalizados en el marco de la llamada "Operación Heidi", que han accedido al beneficio de la libertad vigilada, tras reconocer su participación en el delito en un juicio abreviado.
La mujer, fue condenada el 21 de diciembre de 2012, a cuatro años de presidio menor en su grado máximo, con el beneficio de la libertad vigilada, "debiendo quedar sujeta a la vigilancia del delegado correspondiente por el término de cuatro años, y deberá presentarse ante dicha autoridad en el plazo de treinta días, de ejecutoriado el fallo", según advierte el documento.
El incumplimiento de dicha condición, llevó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a fijar una audiencia para el próximo 20 de abril, donde se discutirá los posibles escenarios para Ana Rosales.
Si la falta de la imputada es injustificada, el juez, podría resolver en dicha audiencia, revocar el beneficio de la libertad, y entonces Rosales podría cumplir la pena en la cárcel.