Una investigación reservada realizada por la PDI estableció una serie de situaciones irregulares que los delincuentes utilizan para vulnerar la Ley de Armas y apropiarse de armamento de fuego. Los casos van desde el uso de "palos blancos" hasta inscripciones fraudulentas con la complicidad de algunos dueños de armerías.

La investigación fue ordenada tras el caso de Italo Nolli, el chatarrero que asesinó a dos detectives en marzo de 2011, en San Bernardo. Nolli tenía nueve armas de fuego, pero ninguna estaba inscrita a su nombre.

Ante el impacto del caso, la PDI creó una Fuerza de Tarea especial, que debía indagar los dos principales fenómenos asociados a la causa: el tráfico de cobre y las irregularidades en la tenencia de armamento.

El inspector Fredy Jara, quien participó en esta Fuerza de Tarea, indicó que "se pidió a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) la documentación fundante de cada una de esas armas (que tenía Nolli)". Así llegaron a las personas que compraron las armas y las entrevistaron.

Uno de los primeros elementos que llamó la atención es que gran parte de las armas habían sido compradas en la armería de Daniel Santander, quien fue detenido en 2008 por sus vínculos con la banda de narcotraficantes "Los Car'e Jarro".

LOS CASOS

El inspector Jara indicó que se detectaron tres irregularidades principales. La primera es que "personas van a comprar un arma, con toda la documentación necesaria. La adquieren, se van, y después usan (otras personas) su documentación para inscribirle cinco armas más. En algunas ocasiones incluso los inscriben para formar polígonos de tiro. Esto es, porque si quiere inscribir armas como deportistas tiene que ser parte de un polígono de tiro. Yo, como particular, puedo comprar dos armas. Un deportista puede comprar cinco, por lo que iban jugando con eso".

El segundo caso establecido por los detectives corresponde al uso del "palo blanco". El policía indicó que existen agrupaciones que van a poblaciones, ubican a jóvenes que tengan entre 18 y 19 años, sin antecedentes, y los contactan. "Les pagan dinero, se les hace firmar una serie de documentos, ir a notario, y el arma pasa a terceras personas. Es decir, sólo prestan su identidad". Por cada caso, les pagan a los jóvenes cerca de $ 30 mil.

El tercer mecanismo, según el inspector Jara, es que "se usa un palo blanco para que compre un arma, con la documentación necesaria, entonces la armería inicia tramitación. Finalmente se entrega el arma al palo blanco, pero el destino final es el delincuente".

Esta indagación de la Fuerza de Tarea especial fue enviada a la Fiscalía Sur. Fuentes del caso indicaron que en el marco de estas pesquisas los detectives analizaron la documentación que había en la armería Santander.

Se trataba de documentos de inscripción de cerca de 100 personas. De estas, alrededor de 30 tenían antecedentes penales y, por ley, no deberían estar autorizadas para tener armas inscritas. Esto es investigado.