"Al joven que estaba esposado lo sacaron al patio de la casa 9, que no tiene cámaras; al resto los encerraron en las piezas y subieron el volumen del televisor para que no se pudiera escuchar nada".
Ese es uno de los siete relatos de profesoras del Colegio El Renoval, que funciona al interior del centro de internación provisoria de Coronel, dependiente del Servicio Nacional de Menores (Sename), y que fueron enviados al Juzgado de Familia de esa ciudad y a la fiscalía regional del Biobío.
Los antecedentes los proporcionó el 23 de octubre Pedro Canales, director ejecutivo de la Fundación Tierra de Esperanza, de la que depende el centro educacional, luego de que varios adolescentes denunciaran supuestos golpes por parte del personal que los cuida.
Según el texto, la presunta agresión se habría producido tras el fallido intento de suicidio masivo que protagonizaron siete menores, de entre 15 y 17 años, el 15 de octubre pasado, cuando ingirieron drogas, se autoinfligieron cortes e intentaron ahorcarse.
"Me comentaron que posterior al intento masivo de suicidio, los jóvenes involucrados habrían regresado del hospital y Gendarmería había realizado un procedimiento dirigido a ellos", señala otra educadora.
En el mismo texto, la docente agrega que "en esta oportunidad, un teniente habría actuado con una violencia inusual y exagerada, donde el resto del personal que lo acompañaba se habría mostrado sorprendido por su actuar".
Otro de los testimonios de una de las profesoras apunta a que "cuando los jóvenes de la casa 11 vuelven del hospital, son trasladados por Gendarmería y los llevan a la casa 9, donde los agreden fuerte, mientras que un educador encerraba a otros en sus piezas. En momentos en que se producía eso, la música estaba fuerte y el educador cantaba".
En otro de los relatos, una de las funcionarias de educación comenta que "los jóvenes manifiestan que ellos sabían que no les pueden pegar, aun cuando esto igual ocurre, y ellos lo incorporan como una práctica normal y esperada".
En el informe enviado al Juzgado de Familia de Coronel se da cuenta de un eventual temor de los demás adolescentes que permanecen recluidos en el centro. Y es que después de enterarse de lo que estaba sucediendo, una de las educadoras le preguntó a uno de los menores qué querían que hiciera con la información, a lo que el joven les dijo: "Queremos que haga algo".
Oficio al INDH
Los hechos relatados por las profesoras sorprendieron a la diputada Marcela Sabat (RN), quien actualmente es miembro de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados.
"Esta denuncia nos parece de la máxima gravedad, y de verificarse su veracidad daría cuenta de una situación consolidada de maltrato, que podría explicar actos tan irracionales como un intento de suicidio masivo, como los que allí han ocurrido en el último tiempo", se lamentó la parlamentaria.
Agregó que "de ser verdad lo denunciado por los jóvenes, podríamos estar en presencia de figuras delictivas que trascienden el mero maltrato, para constituirse en torturas u otra clase de apremios, y eso es algo inaceptable; más aún si es efectuado por quienes tienen un deber de cuidado de los menores".
A raíz de esto, el viernes pasado la diputada envió un oficio al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) solicitando que recaben todos los antecedentes. "Creemos que el INDH ha dado garantías de independencia y pluralismo en esta nueva administración, y por lo mismo confiamos en que se apersonen en el centro de Coronel y deduzcan las acciones cautelares y penales que correspondan", afirmó la legisladora.
En Concepción, la encargada de la dirección del Sename en la Región del Biobío, Rina Oñate, explicó que tras recibir las denuncias se activaron de inmediato los protocolos. "Inmediatamente instruí una investigación sumaria, que está en curso, y se pusieron los antecedentes a disposición del Ministerio Público", aseguró.
En tanto, desde la dirección de Gendarmería señalaron que hay una investigación interna contra los funcionarios supuestamente involucrados en los hechos, pero que no se referirán a ello mientras el proceso esté en curso.
A su vez, desde la Fiscalía Regional del Biobío indicaron que hay una indagatoria vigente, a cargo del fiscal jefe de Coronel, Juan Yáñez.
Además, a raíz de la denuncia, la diputada Sabat comentó que el Juzgado de Familia de Coronel agendó una audiencia preparatoria de protección para el próximo 28 de noviembre.
