"Cualquier alteración de un instrumento público es grave". Esta es la postura que adoptó ayer el ministro de Defensa (S), Alfonso Vargas, respecto de la información de que una de las bitácoras del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) habría sido modificada la noche del 27/F, antecedente que fue revelado por el segundo informe que la Policía de Investigaciones (PDI) le entregó a la Fiscalía Occidente, en el marco del denominado caso tsunami.

En tanto, el director ejecutivo de la Fiscalía Nacional, Pedro Bueno, también se refirió en los mismos términos, señalando incluso que "cualquier funcionario público que cometa un hecho irregular o ilícito es grave, modificar una bitácora, adulterar un documento para aprovechar dinero, cualquier hecho de esa naturaleza es igual de grave".

Junto con esto, agregó que sin perjuicio de que no conoce los pormenores de la causa que tramita la fiscal regional de la Zona Occidente, Solange Huerta, entendía que, "justamente, porque se investigó se determinó que existe eventualmente ese hecho". Según fuentes policiales, los antecedentes serían remitidos a la justicia naval.

Calidad de imputado

Según consta en el informe de la PDI del caso tsunami, apenas se advirtió que este hecho podía constituir delito, se le notificó a Rodrigo Moreno, el funcionario del Shoa que estaba de turno la noche del terremoto, y modificó el documento. El fiscal Luis Tapia, quien encabezó dicho interrogatorio el 10 de enero pasado, le señaló al cabo de la Armada que "se deja constancia que atendido al mérito de la declaración y ante la eventualidad de la existencia de un ilícito penal, se ha puesto tal circunstancia en conocimiento del declarante, dando lectura a sus derechos (a guardar silencio y a la asistencia de un abogado)". Esta advertencia se realiza cuando una persona tiene la calidad de imputado en una indagatoria.

En su declaración, el cabo de guardia reconoce que no existe un protocolo respecto del llenado del libro de bitácora que está a su cargo. Recordó que esa noche le informaron a varias personas que se acercaron a pedir información y que se indicó que no había alerta de tsunami en las costas de Chile tras el terremoto, como lo había instruido el teniente Mario Andina. Esta información es contradictoria con lo que se encontró en el cuestionado libro, detectando así la manipulación del registro. Según el peritaje, fue borrado del cuaderno con corrector líquido la frase "03:55 Zafarrancho", y se puso encima "03:40 Emergencia, alerta de tsunami".

Sobre el particular, la fiscalía le consultó a qué se debía la contradicción de que él escribiera en la bitácora que había una alerta de maremoto, siendo que en su declaración ha asegurado que hasta que terminó su turno, 6.30 horas del 27/F, a las personas que llamaban al Shoa se les decía que no existía peligro. Al respecto, el suboficial expresó que la corrección la debe haber hecho pasadas las 07.00 de ese día, cuando se enteró del tsunami "al ver la televisión en la cámara de Cabos".

Moreno insistió que fue su jefe, el sargento Nelson Retamal, quien le dio la orden de hacer la modificación, "puesto que si la corrección hubiera sido antes (de que terminara su labor en la guardia) se contradecía con aquella otra que me ordenaba informar a las personas que no se generaría tsunami y que cumplí hasta que fui relevado de mi servicio".

La abogada querellante Cinthya Tapia, quien representa a siete víctimas del tsunami, calificó como graves estos antecedentes. "Estamos hablando de funcionarios de la Marina. La fiscalía tiene que decidir qué va a hacer: si traslada el procedimiento a la justicia naval o va a formalizar".

El abogado Raúl Meza anunció que solicitará diligencias a la fiscalía, ya que, a su juicio, estos hechos constituyen el delito de obstrucción a la justicia y deben ser sancionados.