A fines de diciembre de  2015, el Banco Santander detectó a través del Área de Control y Fraudes de Crédito una serie de anomalías en la documentación presentada por diez funcionarios del Ejército para la obtención de créditos bancarios. Entre las irregularidades que se observaron está la adulteración de liquidaciones de sueldo y la modificación de sus grados militares.

Estos antecedentes son parte de la querella presentada por la entidad financiera y que está en manos de la fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte. Según el escrito, interpuesto en febrero ante el Séptimo Juzgado de Garantía, los clientes que habrían solicitado los préstamos en la institución mantienen deudas por créditos de consumo y otros servicios que, según estimaciones del banco, representan un eventual perjuicio total de             $ 600.396.049.

La investigación fue asumida por la fiscal jefa de la unidad de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong -también a cargo del indagar la arista civil del fraude en el Ejército con fondos de la Ley Reservada del Cobre y el caso Corpesca-, quien hace un mes está a cargo de las pesquisas. "Todos son miembros activos del Ejército, situación que nosotros ya logramos confirmar con la institución. Estas personas habrían modificado su grado de militares y el monto final de sus rentas en sus liquidaciones de sueldo", dijo la persecutora.

Fuentes del caso, señalaron que como los sospechosos habrían alterado las liquidaciones del Ejército, el Ministerio Público  podría imputarles a los militares investigados el presunto delito de falsificación de instrumento público.

Desde el Ejército, en tanto, indicaron que "los antecedentes se encuentran en manos de la fiscal de la zona Centro Norte Ximena Chong". Además, agregaron que "un militar investigado es un oficial y los nueve restantes son suboficiales de la institución".

Según antecedentes del caso, se pesquisaron las operaciones realizadas entre el 30 de diciembre de 2012 y el 4 de enero de 2016, por clientes que registraran como rut pagador a la Tesorería del Ejército, reportándose 238 operaciones, que corresponden a 179 clientes. De estos casos, se analizó una muestra de 21 carpetas comerciales, detectándose adulteraciones en 16 de ellas.

El abogado Omar Carrasco, quien representa a  seis de los diez militares indagados, sostuvo que en ese caso no existe perjuicio ni tampoco adulteración de documentos: "No vamos a aceptar que se diga que mis representados presentaron documentos falsos porque lo que ellos hicieron fue presentar documentos verdaderos e intermediarios que fueron los que llegaron a las unidades militares a ofrecer los créditos, fueron los que modificaron los estados de pago, liquidaciones y grados".

En tanto, la fiscal Chong, explicó que el presunto ilícito se configura independiente si los créditos fueron o no pagados por los clientes, pues "el delito en este caso es la adulteración de la documentación para obtener un beneficio crediticio".

El abogado de Santander, Jorge Gálvez, dijo que "el banco en este caso, y en todos aquellos en que existen situaciones que parecen ser irregulares, realiza una investigación por auditoría interna y luego, se ponen todos los antecedentes pertinentes a disposición del Ministerio Público. Este caso no fue la excepción y por ello se tomó la decisión de interponer una acción penal".

¿Vinculación con estafas?

Otra de las líneas investigativas del Ministerio Público es establecer dónde se utilizaron los créditos. Para esto  se está haciendo un cruce de información con las investigaciones de estafas piramidales que conduce el fiscal Carlos Gajardo en la zona Oriente.

"Hemos realizado algunas diligencias que están en manos de la policía para determinar cuál es el destino de los fondos, y si fueron invertidos en un negocio lícito o ilícito. Además estamos procurando determinar si todos ellos tienen algún vínculo, más allá de su sola pertenencia del Ejército, con alguno o más ejecutivos del Banco Santander", explicó la fiscal Chong.