Hermetismo total se vivió ayer en el frontis de la residencia Alihuén de Coanil, en Buin, centro colaborador del Sename, y que está siendo investigado por la justicia por la denuncia de presunta tortura hacia dos adultos y un menor de 17 años, todos con discapacidad mental, por parte de cinco trabajadores del hogar, entre ellos el director del centro. En los videos de prueba proporcionados por un grupo de trabajadoras que dieron cuenta de los hechos, según indica un recurso de amparo del Instituto Nacional de DD.HH. (INDH), se ve al equipo técnico realizando contenciones fuera de protocolo, consistentes en amarrar a los jóvenes boca abajo sobre una camilla, por un lapso de dos a tres horas, y sin permitirles ir al baño.

Para el INDH, los hechos configuran el delito de tortura, avalado por el propio director del centro Alihuén, Gonzalo Recabarren, quien ocupa el cargo desde marzo de este año. Sobre esta acusación que recae sobre el jefe del centro, Coanil no quiso opinar ni actualizar sus declaraciones, y sólo se remitió al comunicado emitido el viernes, donde indicó que las contenciones que se exponen en los videos "carecen de contexto, toda vez que no dan cuenta de los hechos previos" y que son métodos "indicados por los médicos tratantes para situaciones de crisis conductuales agresivas". Pese a ello, las cinco personas identificadas por los denunciantes -el director, el terapeuta ocupacional, la psicóloga, la asistente social y un educador de trato directo- fueron sacados de sus funciones.

"Lo que es unánime es que el director del centro practicaba las contenciones y él está totalmente identificado", señaló el director del INDH, Branislav Marelic. quien canalizó la denuncia a la fiscalía y presentó un recurso de amparo que deberá ser resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago. Ahí señalan que hubo vulneración al derecho constitucional a la libertad personal y seguridad individual.

El INDH ya había inspeccionado 170 centros de la red Sename, incluido Coanil, "pero ante estos sucesos no descartamos revisitar dichos centros y otros que tengan niños con discapacidad", preciso Marelic.

Además, presentaron una querella por presuntas torturas. "Se escucha a estas educadoras decir que el niño fue amarrado por el director del centro, que lleva una hora y media en esta posición, y que el director ordenó tenerlo reducido en estas condiciones por tres horas", indica el recurso del INDH.

Según manifestó una de las educadoras de trato directo que denunció estas contenciones, la razón para hacerlo es una sola: evitar que más niños como Lissette mueran al interior de recintos en que el Estado deber protegerlos. "Antes de que llegara este director nuevo, lo que se hacía con los chicos era contención emocional, hablarles y calmarlos, y resultaba aplicando sicología, pero sobre todo sentido común. Pero desde que llegó, él mismo se encargó de enfrentarlos con violencia inmediata, y sabemos que la contención mecánica no se puede hacer, y tampoco se puede apretar la caja torácica contra el suelo. Obvio que pueden morir o sufrir lesiones y no sería justo que nos hicieran responsables", dice la educadora, que no quiso dar su nombre para no sufrir represalias ni perder su empleo.

"Creo que ante estos abusos, uno no se puede callar. No podemos ser cómplices de que algo más grave suceda. Esto lo sabe el Sename, pero no hacen nada", precisó la trabajadora, quien concurrió hasta el INDH y entregó los antecedentes.

Esta información también fue remitida al juez de Familia de Buin, quien decretó la salida de los directivos del recinto, quienes fueron reemplazados por un administrador provisional (Sename) por 30 días, junto con las primeras diligencias de la PDI, que contemplaban la incautación de los libros de novedades.

Sename decreta cierre

Ayer, cerca del mediodía, la directora regional metropolitana del Sename, María José Montero, anunció el cierre del centro Alihuén, mientras dura la administración provisional, por no contar con las condiciones para seguir funcionando. Esto significará el traslado de seis menores a centros del servicio, y de 10 adultos a otras dependencias de Coanil, decisión que ya fue comunicada a dicha institución.

Sobre la falta de fiscalización a esta corporación, la directora argumentó que es muy difícil para los supervisores del Sename encontrarse in situ con una contención irregular. "Habíamos realizado nuestras supervisiones desde la perspectiva técnica, y esta residencia no presentaba dificultades. Que (las contenciones grabadas) sean sacadas de contexto es imposible. Los videos están claros y no sé si ellos lo aplican en otros centros, pero nosotros no lo avalamos. Esto no es una contención, es tortura", dijo Montero.

Lo ocurrido a estos internos en situación de vulnerabilidad social y con deficiencias cognitivas abre una duda sobre la capacidad del sistema para acogerlos. "Entregar ese centro al Sename no es más que permitir que sean otros los que sigan torturándolos bajo el nombre de contención, más aún tratándose de niños con capacidades especiales para los que el Sename no está preparado. No tiene los recursos humanos para atenderlos", dijo el diputado (ind.) René Saffirio, integrante de la comisión investigadora sobre la situación de los menores en Chile.