Con el propósito de que 250 personas privadas de libertad que están habilitadas para votar puedan ejercer este derecho en las próximas elecciones de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó en los tribunales de justicia de doce regiones de Chile recursos de protección en contra del Servicio Electoral (Servel) y de Gendarmería.

Los recurrentes, 166 son hombres y 84 mujeres, permanecen en 20 cárceles y todas ellas enviaron una carta dirigida al Servicio Electoral actualizando su domicilio electoral y consultando cómo se haría efectivo su derecho a sufragio.

Aquello, teniendo en cuenta que, a pesar de los resuelto por la Corte Suprema en 2016, las personas habilitadas para ejercer este derecho de participación ciudadana no pudieron efectuarlo en las elecciones primarias porque no hubo mesas instaladas en los recintos penales o no se les trasladó a las mesas en que estaban inscritos.

Ante este escenario, el director del INDH, Branislav Marelic, sostuvo que "desde la recuperación de la democracia, las personas privadas de libertad que no cumplen penas aflictivas –que según cifras de Gendarmería al año 2012 alcanzaría las 13 mil personas- no han podido ejercer su derecho a sufragio, por tanto como INDH lo que buscamos a través de los recursos de protección presentados es que el Servel y Gendarmería promocionaran y respetaran el ejercicio efectivo del derecho a sufragio".

De la misma manera, agregó que "en materia de reinserción, es importante que las personas se sientan integradas en los procesos democráticos y en las decisiones que se toman, en este sentido el derecho a voto también puede ser visto como una medida de rehabilitación e integración social".