Los senadores de la comisión unida de Hacienda y Educación esperan culminar su trabajo este sábado en el Congreso. Sin embargo, hasta ayer habían avanzado en menos de 100 indicaciones de las más de 400 que fueron presentadas. Una de ellas generó polémica: se trata de la modificación que ingresó el Ejecutivo y que plantea que el sostenedor podrá gestionar las subvenciones y aportes de "todo tipo", sólo con fines educacionales.
La norma -que fue aprobada- viene aclarar la ambigüedad sobre qué se entendía como recursos públicos. La indicación incluye en ese ítem los aportes que hacen las familias vía copago. "Como los recursos son fungibles porque no se puede saber cuáles vienen del bolsillo A ó B, todos los recursos que llegan a una escuela son para fines educativos", dijo el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.
La modificación será aplicada inmediatamente después de que el proyecto sea promulgado y entre en vigencia.
Tras la intervención del ministro, el senador Andrés Allamand (RN) pidió la palabra y señaló que la norma adelantaría el fin al lucro y no respetaría el acuerdo de transición, que establecía un plazo de tres años para que los sostenedores creados como sociedad se conviertan en corporaciones sin fines de lucro. "El proyecto establece un periodo de transición, Pero, otro artículo establece una restricción absoluta del destino de los recursos con que cuenta la educación particular subvencionada. La interpretación es que desde ya transforma -en los hechos- a los sostenedores particulares en sin fines de lucro. Por lo tanto no hay transición".
Para el secretario ejecutivo de la reforma, Andrés Palma, se busca fijar cuáles son los fines educativos. "Estos permitirán contratar todo tipo de servicios, siempre y cuando estén vinculados al proyecto educativo, lo que no puede hacerse, ahora, es desviar recursos a otras actividades".
La autoridad agregó a La Tercera que "lo que pasa es que hoy día (los sostenedores) pueden hacer lo que quieran con las platas y no destinarlas a la educación lisa y llanamente, con esta ley se tienen que destinar a educación. Con esto se precisa que los recursos de padres y Estado tienen que destinarse a educación".
Consultado sobre si adelanta el fin al lucro, el senador Carlos Montes (PS) dijo: "no, lo lógico hubiera sido que el lucro se terminara ahora. El sostenedor tiene que explicitar el total de recursos que recibe".
Según trascendió, antes de que el sostenedor decida hacerse corporación, tiene la oportunidad de invertir en la infraestructura del colegio, por ejemplo, y después vender el inmueble y de esta forma aumentar su patrimonio.
El problema para los parlamentarios de oposición y para algunos sostenedores es que el proyecto, tal como está, estipula una lista de cosas que en las que se puede o no reutilizar los recursos. Así lo entiende el presidente de la Conacep, Hernán Herrera: "Se produce un contrasentido porque te dan tres años para convertirte en sin fines de lucro pero te lo aplican inmediatamente".
En tanto, Jorge Avilés, abogado de LyD, dijo que "la indicación tiene una consecuencia en régimen ya que establece que cualquier recurso privado que reciba el establecimiento, como lo son los aportes de los padres, las donaciones, etc, sólo podrán ser utilizados en lo que la Superintendencia y el reglamento del Mineduc determinen que se ajusta a alguno de los fines educativos establecidos en la ley".
Ante el ritmo que lleva la comisión, su presidente, Fulvio Rossi (PS), se mostró abierto a extender la discusión por todo el fin de semana.
