SEÑOR DIRECTOR
Las indicaciones presentadas por el gobierno al emblemático proyecto de ley de educación superior muestran cierta intención del Ejecutivo de alcanzar consensos en áreas específicas. Si el Senado aprovecha la oportunidad, es posible que tengamos un proyecto menos perjudicial que todo lo que se ha propuesto anteriormente. Sin embargo, hay ciertas malas ideas que se niegan a morir, y bien podrían causar el estancamiento de nuestro sistema de educación superior.
En primer lugar, la fijación centralizada de aranceles -determinada más o menos arbitrariamente por la autoridad política- someterá a las instituciones adheridas a la gratuidad a una dependencia total del fisco, más cuando se insiste en fijar precios para estudiantes no gratuitos. Según una estimación de Acción Educar, si esto ocurre el déficit total acumulado de estas instituciones podría llegar a $ 68.644 millones en 2018. Permitir que el Estado sea el único financista de la universidad es entrar en un camino de servidumbre del cual es casi imposible salir. En segundo lugar, el proyecto sigue entendiendo a la educación superior como un commodity, estandarizado y fácilmente reproducible, cuando sabemos que cada institución tiene un proyecto único y que la diversidad es parte de la riqueza de nuestro sistema.
Es fundamental -y a eso debe apuntar el resto de la tramitación- evitar en todo lo posible la fijación de aranceles, acotar el beneficio de la gratuidad para el 60% más vulnerable y evitar el control centralizado del sistema de admisión. Para ello se necesitan más de tres semanas.
Daniel Rodríguez
Investigador de Acción Educar
