Cristina de Borbón llegó a las 9.45 al Juzgado de Palma de Mallorca. Se bajó de su auto diez minutos antes de la hora señalada y saludó sonriente a los periodistas pese a las protestas de un grupo de antimonárquicos que gritaba desde una calle próxima al juzgado. Los abogados de la infanta aseguraron que se encontraba "tranquila" para enfrentar su primer interrogatorio como imputada en el caso de corrupción y blanqueo de dineros que involucra a su esposo, Iñaki Urdangarin y cuyo costo ha pagado la monarquía española al encontrarse en un nivel histórico de bajo respaldo.
El juez José Castro acaparó el protagonismo del interrogatorio. Efectuó más de 400 preguntas a la segunda hija del rey, cuyo marido es el principal sospechoso desde 2011 en un caso de fraude al Fisco, evasión tributaria y desviación de fondos públicos a empresas privadas mediante el Instituto Nóos, fundación que supuestamente cumple fines de beneficencia. El costo al erario de los supuestos negocios ilegales de Urdangarin y su socio Diego Torres bordea los seis millones de euros.
Del interrogatorio a la hija del rey se desprende que "es un asunto que no se resolverá de inmediato (la imputación)", según señalaron fuentes judiciales a la prensa española.
Los abogados presentes en el juzgado aseguraron que la infanta rechazó todas las acusaciones delictuales en su contra, respondiendo mayoritariamente con frases cortas: "No sé", "no me consta", "no recuerdo". Justificándose en su supuesta falta de conocimientos de contabilidad, la hija del monarca desconoció varias decenas de facturas que el juez le mostró. "Mi marido me aconsejó tomar ese 50% (de la empresa Aizoon, una de las sospechosas de recibir los dineros públicos) y yo confiaba en su buen hacer", dijo.
"Viene muy bien preparada. Al 98% de las preguntas respondió con evasivas", señaló Manuel Delgado, abogado del Frente Cívico, un grupo que llevó adelante esta causa judicial. De ese modo, la séptima en la línea de sucesión del rey Juan Carlos se marginó de la gestión de la empresa cuya propiedad comparte con su marido. Según indicó Delgado "de 400 preguntas habrá respondido a 15". Jesús María Silva, abogado de la infanta, respondió que "contestar sí o no, no es hacerlo con evasivas, sino dar respuestas taxativas".
En una de las aristas del caso Cristina confirmó que recibió 1,2 millones de euros para comprar la propiedad del barrio barcelonés de Pedrales que funcionó como sede de Aizoon. Sin embargo, aseguró que hasta hace muy poco no sabía que la primera planta del palacete en donde residía junto a su marido fuera parte de la cuestionada empresa. Esto, pese a que el juez Castro le mostró las facturas en las que ella figura como arrendataria y arrendadora. Esta maniobra, que según los acusadores habría tenido como fin generar gastos falsos para Aizoon y desviar fondos de Nóos, fue desconocida por la infanta, quien agregó que la propiedad está en proceso de devolución. Tratando casi todo el tiempo de "señora" a la infanta, el juez Castro insistió en que siendo propietaria de la mitad de la empresa debía tener alguna información acerca de los negocios ilegales que estaban ocurriendo. "Yo confiaba en mi marido", repuso ella.
Delgado calificó como una "tomadura de pelo" el desconocimiento que alegó Cristina sobre las facturas. En tanto, otro abogado de la princesa, Miquel Roca, dijo que "ha sido una declaración muy ejemplar y tenemos que agradecer el comportamiento del juez, el fiscal y las partes". Roca añadió que con el interrogatorio "le ha sido posible explicar con todo detalle cuál ha sido su intervención" en el caso.
Luego de un primer intento fallido de la justicia por imputarla hace casi un año, la infanta, de 48 años, protagonizó un hito histórico ayer, al convertirse en el primer miembro de la familia real española que comparece ante la justicia.
