Informe anual de DDHH critica actuar de Carabineros en marchas y condición de las cárceles

En una ceremonia, donde no asistieron personeros de gobierno, se presentó el informe 2011 de derechos humanos realizado por el Instituto Nacional de DDHH, marcado por las críticas al actuar de Carabineros durante las protestas del movimiento estudiantil.

Precisamente éste conflicto es uno de los grandes temas del año definidos por el Instituto, junto con la huelga de hambre de comuneros mapuche, el sobreseimiento definitivo de 12 personas en el "caso bombas", y la calificación de 9.795 nuevas víctimas de prisión política y tortura y 30 de desaparición forzada y ejecución política por parte de la Comisión Asesora Presidencial para la calificación de detenidos desaparecidos.

El informe considera que las demandas ciudadanas se han producido a raíz del "débil rol del Estado en garantizar servicios básicos de calidad, así como en la regulación y control de algunos sectores de la economía, ha llevado a situaciones de profunda injusticia social y vulneraciones de derechos". Agregando que los movimientos sociales que han manifestado sus demandas durante este año, enriquece el debate público, gracias a la amplia diversidad de temas y posiciones ideológicas que plantean.

Sobre el conflicto estudiantil, el Indh mostró su preocupación ante las "numerosas detenciones así como los abusos que durante las mismas han denunciado mujeres y niñas, el uso excesivo de gases lacrimógenos", ejemplificando la situación con la muerte del estudiante Manuel Gutiérrez, alcanzado por un disparo de Carabineros, y del secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Recaredo Gálvez, quien estuvo detenido en la cárcel de El Manzano.

El estudio plantea que las detenciones durante las protestas son utilizadas "para disuadir las marchas y no para detener a personas que cometen delitos flagrantes", esto debido a que los detenidos generalmente son liberados, ya que "la mayoría de las causas no llegan a juicio ya sea porque no hay antecedentes suficientes, no existe delito o los hechos no constituyen una afectación grave al interés público".

También se presenta la preocupación del Indh por las condiciones de los detenidos durantes las manifestaciones, afirmando que no se les informan las razones de su detención, tampoco se les leen sus derechos ni se les informa acerca del procedimiento.

Sobre el modelo educacional, el informe asegura que "su funcionamiento bajo los mecanismos de selección y cobro produce y reproduce la desigualdad social y genera una situación de discriminación estructural", ya que desde la reforma de 1981 la oferta pública de educación de acceso gratuito ha disminuido y se ha permitido el cobro en todos los niveles de enseñanza, lo que ha derivado en procesos educativos de diferente calidad, determinados por la capacidad de pago.

Sobre el problema del hacinamiento en las cárceles, el Indh plantea "racionalizar la privación de libertad, reformar Gendarmería de Chile y crear Tribunales de Ejecución de la Pena", cambios que, a juicio del Instituto, "no han sido planteados íntegramente en el debate público por parte de las autoridades".