El 1 de abril de 1991, Jaime Guzmán salía del Campus Oriente de la Universidad Católica. De improvisto, los frentistas Ricardo Palma Salamanca y Raúl Escobar Poblete le dispararon al senador de la UDI. Así ocurrió el primer asesinato a un parlamentario en la historia de nuestro país, caso que después de 22 años está pronto a terminarse y las respuestas a ciertas interrogantes comienzan a aparecer.

La investigación fue reabierta por el ministro en visita Mario Carroza, en septiembre de 2010, luego de una entrevista realizada en Brasil a Mauricio Hernández Norambuena, conocido como "Comandante Ramiro", en la que señaló que la Dirección Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) llevó a cabo una campaña llamada "No a la impunidad", que buscaba eliminar a los colaboradores del régimen militar. En julio, la Jefatura de Inteligencia Policial de la PDI entregó al magistrado el informe final del caso, en que se analizaron cientos de páginas del proceso. Ahí se concluyó que la Dirección Nacional del FPMR autorizó los atentados desde 1988, a la que, según la PDI, pertenecía el único acusado, el "Comandante Eduardo", Enrique Villanueva Molina.

Tras el análisis, la PDI llegó a la conclusión de que el 13 de marzo, cerca de dos semanas antes del atentado ocurrido en 1991, la policía uniformada tuvo conocimiento de un atentado, donde explotó una bomba y se dejaron panfletos con amenazas contra Jaime Guzmán, el ex comandante en jefe Augusto Pinochet y el ex jefe de la Dina Manuel Contreras. Todos sus rostros estaban marcados con una X y decían "no más espera ni trámite, ¡justicia ahora!".

Esto quedó registrado en un memorándum -elaborado por el entonces director de la Dipolcar, general (R) Sergio Lutjens- que fue remitido al alto mando. Carabineros, por ese entonces, participaba junto a varios organismos en reuniones en La Moneda para tratar temas de seguridad y en las que también estaban las autoridades del Ministerio del Interior de la época. En ese tiempo, el jefe del gabinete era Enrique Krauss (ver entrevista).

De acuerdo a las conclusiones del documento, al que accedió La Tercera, los inspectores de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial indican que "las declaraciones incorporadas al proceso son tajantes, ya que es viable concluir que, semanas antes del homicidio, se llevó a cabo en La Moneda a lo menos una reunión de inteligencia, donde participaron autoridades de gobierno, como funcionarios de Carabineros, donde se dio a conocer la posibilidad de que algunas autoridades políticas y militares podían ser víctimas de algún tipo de atentado". Agregan que "lo anterior, bajo la lógica de haber encontrado panfletos en distintas acciones realizadas por el FPMR, en los cuales se llamaba a hacer justicia en contra de Pinochet, Manuel Contreras y Jaime Guzmán. Hecho que produjo la inmediata confección de documentos oficiales, distribuidos a los distintos estamentos gubernamentales, dando cuenta de tal situación".

LOS TESTIMONIOS

El jefe de la Dipolcar, Sergio Lutjens, declaró ante el juez Carroza que "antes del crimen de Guzmán y a raíz de haber ocurrido un atentado bomba en una panadería y haber encontrado esos panfletos (...) recuerdo que, dadas la importancia y gravedad del hecho, al día siguiente se hizo el informe y se entregó al alto mando".

Esta versión es confirmada por el capitán (R) Osvaldo Espinoza, quien indicó que "en varios allanamientos se encontró un panfleto donde aparecían varias personas que estaban condenadas a muerte, de las que recuerdo a Sergio Onofre Jarpa, el senador Guzmán y el fiscal del Ejército (Fernando) Torres Silva". Al respecto, el general inspector (R) Alfredo Núñez Allendes -que en ese tiempo era director de Orden y Seguridad- tomó conocimiento de esa información por vía oficial. Además, indicó "sobre las reuniones que se llevaban a cabo en el Ministerio del Interior semanalmente, relativas a temas de seguridad, debo recordar que a ellas me tocó asistir", y que en éstas se tocaban temas "de manera general y a nivel nacional (...) no recuerdo haber tratado este asunto del presunto atentado al senador Jaime Guzmán". Sobre este tema, el director de la institución de ese entonces, general (R) Alejandro Olivares Pizarro, confirmó la realización de esas reuniones en La Moneda, las que se hacían los miércoles. "En relación con reuniones de inteligencia antes del crimen, debo indicar que no las recuerdo, pero sí debo señalar que antes de ese hecho, recuerdo que se gestó apoyo y seguridad para ciertas autoridades de parte de Carabineros. Recuerdo que se comentó que en dicha época, el senador fue una de las autoridades a quienes se les prestó esa protección, pero que la rechazó".