Un documento de cinco carillas distribuyó la semana pasada la presidenta de la DC, Carolina Goic, a su directiva.

El escrito corresponde al informe elaborado por el Consejo de Etica de la colectividad sobre el caso de supuesta violencia intrafamiliar que habría protagonizado contra su entonces pareja, en 2002, el diputado Ricardo Rincón, insumo que deberá ser analizado por el Tribunal Supremo del partido, que se reúne mañana para resolver qué acciones tomar.

El texto -al que accedió La Tercera- lo firma el presidente del consejo, Sergio Molina, además de los integrantes Carlos Massad, Marta Cruz-Coke, Alfredo Etcheberry y Manuel Inostroza. Y en él se hace un duro cuestionamiento al legislador. "La totalidad de la conducta del camarada Rincón es deliberada y responsablemente contraria a la ética más elemental, y constituye un atropello al derecho humano, a la dignidad e integridad de la persona", se lee en el documento, en el que también se señala que esta situación "escenifica el abuso de un hombre con poder sobre un débil social".

Y se agrega: "Con su conducta contraria a la ética, el diputado Rincón ha contribuido a dañar la credibilidad moral de su partido y a degradar así el nivel de confianza público en el sistema político. Especialmente grave ha sido este caso para todos aquellos que, dentro de la DC, están comprometidos en una campaña de recuperación de la legitimidad ética de la política".

El Tribunal Supremo de la DC se reunió el lunes pasado por cerca de tres horas para analizar la situación de Rincón. Y tras esa cita, una vez que al interior de la colectividad se supo que comenzó a circular el informe del Consejo de Etica, varios miembros del consejo nacional del partido comenzaron a presionar para tener acceso al escrito, lo que hasta ahora no se les ha concedido. Así, solicitarán que se pueda revisar en el consejo nacional de hoy.

El informe recalca que el parlamentario "ha vulnerado los principios de ética y ha incurrido en un notable quebrantamiento de deberes como persona moral privada y como servidor público", por lo que se plantea que "se ha apartado del ámbito ético y moral que constituye la razón de ser del Partido Demócrata Cristiano".

Algo que no se incluyó en el informe, sin embargo, fue la versión entregada por Rincón en agosto, cuando se hizo público el caso. Aquella vez negó los hechos, mientras que su defensa destacó que "mediante resolución de 28 de enero de 2003, el tribunal determinó que no se logró acreditar que las lesiones aludidas eran atribuibles al señor Rincón".

Pese a eso, luego de sostener una ronda de audiencias que incluyó al propio legislador y a su ex pareja, el Consejo de Etica de la DC fundamentó su postura en, entre otros, los siguientes factores: "Que el 22 de julio de 2002 (…), con motivo de una discusión, Rincón agredió a doña Carolina Hidalgo"; "que el procedimiento por violencia intrafamiliar terminó en sentencia de 28 de enero de 2003, que acogió la denuncia de Hidalgo y condenó a Rincón, imponiendo a este último la obligación de someterse a una terapia psicológica por seis meses"; "que esa sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 28 de mayo de 2003", y "que el camarada Rincón, según él mismo lo ha manifestado, no cumplió con la obligación que le imponía el fallo, por estimar que ella era injusta o improcedente".