"Entrega de medicamentos sin protocolos, en algunos casos sin diagnóstico ni supervisión médica adecuada" y "niños transgredidos en su esfera sexual". Estas son algunas de las conclusiones que detalla un documento elaborado por cuatro jueces de Familia, a partir de la visita y análisis, efectuados durante 2012, a cerca de 6.000 niños de 10 regiones del país, quienes viven en centros administrados o supervisados por el Servicio Nacional de Menores (Sename).

Se trata de un resumen de la iniciativa denominada "Proyecto de levantamiento y unificación de información referente a niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial en Chile", encabezada por la entonces coordinadora del proyecto, Mónica Jeldres, actual magistrada del Segundo Juzgado de Familia de Santiago.

El tema ha generado controversia, luego de que, durante la semana, la ministra de Justicia, Patricia Pérez, anunciara la intervención de todos los centros del Sename en el país, producto de posibles irregularidades. Asimismo, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, designó al persecutor jefe de la Duodécima Región, Juan Meléndez, para investigar los presuntos ilícitos.

"Quiero ver los antecedentes, su gravedad, cuántas personas están involucradas y, a partir de eso, tomar las decisiones que correspondan", puntualizó Meléndez.

INFORMES PÚBLICOS
La polémica sobre el estado de los centros del Sename se generó tras el informe que entregó la "comisión de servicio", encabezada por la jueza Jeldres y designada por el Poder Judicial, pero que también integraron la Uni-cef y otros consultores.

En el resumen de esta comisión se destacan problemas como "niños en residencias que no corresponden a su perfil"; "separación de hermanos por factores como edad y/o sexo, lo que implica su alejamiento y pérdida de vínculo", y "falta de conocimiento de la red familiar del niño".

El Poder Judicial también hizo público ayer, en su sitio web, varios documentos relativos al estudio de los centros del Sename, entre ellos, un boletín referido a cerca de mil niños que viven en las Aldeas S.O.S., donde también habría falencias de funcionamiento. Por ejemplo, se destaca "una excesiva cantidad de niños con rezago escolar".

El Poder Judicial, además, consignó un informe de dos sicólogas consejeras técnicas (Marcela Glaves y Patricia Fernández), quienes presentaron dudas metodológicas respecto de la recolección de información de algunas encuestas e informes en los hogares visitados.

El ministro Hugo Dolmestch, vocero de la Corte Suprema, manifestó ayer que "ha existido una preocupación permanente sobre los menores y sus residencias. La Corte Suprema ha dado instrucciones a jueces y a los ministros para que se preocupen de esta situación".

Agregó que "decidimos publicarlos (los documentos) porque esto debe transparentarse al máximo".