Un productor de televisión, el creador de una tira cómica y un empresario de San Felipe fueron parte de las 16 personas que, en noviembre de 2012, fueron capturadas por la PDI durante los allanamientos simultáneos realizados a domicilios de Santiago Centro. Era la denominada Operación Heidi y su propósito era desactivar una red de explotación sexual infantil capitalina.

Este fue uno de los casos que recogió el informe "Chile 2012 Human Rights Report", elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En el documento, de 24 carillas y publicado en abril, se analizan algunos de los principales hechos vinculados a los derechos humanos que afectaron al país el año pasado. En otros capítulos se describe la situación sobre esta materia de 195 países con los cuales Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas o resultan de su interés, como Corea del Norte.

En la presentación del documento se menciona también la intención de Estados Unidos de que otros países cumplan estándares sobre la materia.

Uno de los aspectos abordados por el texto, en dos carillas, es la situación de los menores de edad. Según se afirma, "la violencia en contra de los niños sigue siendo un problema significativo" en Chile. En el documento se menciona, respecto de la Operación Heidi, "el arresto de 16 personas presuntamente envueltas en una red de explotación sexual de menores" y se consigna que los imputados fueron dejados en prisión preventiva.

Otro de los casos que se incluyen en el informe es el del jardín infantil Hijitus, de Vitacura. Al respecto, se registra "el arresto de Juan Romeo Gómez", monitor de computación del establecimiento, imputado por abusos.

El informe del Departamento de Estado destaca también la creación, en octubre pasado, del registro nacional de pedófilos. Este catastro incluye a las personas con inhabilidades para trabajar con menores. Esto, debido a que han sido condenadas por delitos sexuales asociados a adolescentes y niños.

Casos de corrupción

Una arista incluida en el análisis de la entidad norteamericana son los actos ilícitos presuntamente perpetrados por funcionarios. Se afirma que "hubo reportes aislados de corrupción gubernamental (en 2012)".

Se menciona que "en octubre las autoridades capturaron a 10 detectives de la PDI por detener a sospechosos ilegalmente, entregar falso testimonio, tráfico de drogas y extorsión". La PDI reaccionó en ese momento anunciando sumarios internos por la causa y el alejamiento de los funcionarios de sus labores.

En el resumen ejecutivo del texto se resalta que "en general, el gobierno tomó medidas para procesar a los oficiales que cometieron abusos, ya sea en los servicios de seguridad o en otras áreas del gobierno".

En el documento también se consigna que el año pasado hubo "crecientes instancias de violencia entre mapuches y agricultores, compañías forestales y la policía, en el sur del país". Al respecto, se hace referencia a la preocupación manifestada por Unicef sobre los niños mapuches.

Además, se da cuenta del crimen en contra del joven homosexual Daniel Zamudio, ocurrido el 3 de marzo de 2012, en el parque San Borja de la capital. Se destaca la promulgación de la Ley Antidiscriminación, pero se añade que hechos de "discriminación siguen ocurriendo".

Mecanismos de control

Consultado por La Tercera, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, aseguró que en el caso de los 10 detectives de la PDI presuntamente implicados en una red de corrupción, fueron los mecanismos de control los que permitieron descubrir los presuntos ilícitos: "Se trata de un hecho aislado, que fue descubierto gracias a los mecanismos de control internos y externos que rigen el funcionamiento de las policías. Esta investigación se inició, de hecho, a partir de una denuncia que investigó la fiscalía en conjunto con Carabineros".

A juicio de Ubilla, "estos actos fueron cometidos por un pequeño grupo de funcionarios de la PDI, y por esa razón el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se querelló en contra de los involucrados". Actualmente, dijo la autoridad, los funcionarios se encuentran en prisión preventiva.

Respecto de los casos de abusos contra menores, aseguró que "la preocupación del gobierno es que las personas y las familias afectadas por estos delitos denuncien estos hechos, de tal forma de encontrar y sancionar a los culpables. Este tema era un tabú en el pasado y por ello se ocultaba".

Añadió que el informe de Estados Unidos "reconoce los esfuerzos del país por avanzar en esta materia".

En este sentido, el director del Servicio Nacional de Menores (Sename), Rolando Melo, afirmó que el informe "es positivo, porque se visibiliza un problema, con mayor o menor grado de precisión".

Añadió que "ha aumentado el nivel de denuncias de manera significativa y eso visibiliza un problema que, a lo mejor, en otros países no se muestra". Resaltó, además, que desde 2011 se han "creado tres mil nuevas plazas" para atender a los menores víctimas de abusos.