Aún no era general cuando el 6 de octubre de 2011 el entonces coronel Flavio Echeverría -que era jefe del Departamento de Tesorería y Remuneraciones de Carabineros- redactó a la Fiscalía Centro Norte un informe en el que aseguraba que no existían anomalías en las transacciones del ex coronel Arnoldo Riveros, a quien la UAF había reportado al Ministerio Público por depósitos que sumaban $ 48 millones en el año 2008, cuando su sueldo era de $ 1 millón.

Fue ese documento y otras diligencias que llevaron al entonces jefe de Alta Complejidad, José Morales, a archivar el caso. Hoy, seis años después, tanto Echeverría como Riveros están presos, sindicados como líderes de la "mafia de la Intendencia", la que habría malversado más de $ 21.500 millones.

El archivo de ese caso fue explicado este martes por el fiscal Morales, quien aseguró que se hicieron diligencias y que no se obtuvieron pruebas de ilícitos. "Se solicitaron antecedentes a diversos órganos del Estado, incluido Carabineros, no obteniendo evidencia que permitiera vincular esos hechos con otras investigaciones actualmente en curso, sino que, por el contrario, se recibieron informes que permitían descartar irregularidades en esta materia, al menos uno de ellos suscrito por personas vinculadas a hechos que actualmente están siendo investigados", dijo Morales.

Según la indagación por la millonaria malversación, tramitada por el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, al momento de confeccionarse la respuesta a la Fiscalía Centro Norte, Echeverría y Riveros ya habían recibido dineros de la "mafia". Si bien el reporte de la UAF dio origen a una indagatoria por supuesto lavado de activos con el delito base de cohecho, el informe firmado por Echeverría -al que tuvo acceso La Tercera- analiza todas las cuentas de Carabineros que hoy son objeto de la indagatoria por el histórico fraude.

A petición del mayor de Dipolcar Gonzalo Alveal, dice el documento, se analizaron las cuenta corrientes de "gasto de personal", "gastos operacionales", "fondo de desahucio" y la de ley de compras públicas.

"Se ha efectuado una revisión analítica del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (Sigfe), de los años 2008 y 2009, sus correspondientes cuentas contables y documentación de respaldo, todas relacionadas con el Departamento III Tesorería y Remuneraciones, dependientes de la Dirección de Finanzas de Carabineros", dice Echeverría en el documento.

Al final del informe concluye que tras la auditoría, "no se ha efectuado registro de documento mercantil, así como tampoco erogaciones en que hubiera participado como jefe Arnoldo Riveros", con el proveedor en cuestión de quien se sospechaban supuestos pagos de coimas. Esa respuesta se repite en cada una de las cuentas revisadas.

Echeverría responde, además, a la fiscalía que "es del caso señalar que el Departamento de Contraloría Financiera ha efectuado auditoría operativa y de cumplimiento a los estados financieros del Departamento de Tesorería y Remuneraciones de la Dirección de Finanzas y a los diferentes procesos administrativos".

En la millonaria malversación de Carabineros, el fiscal Campos ha establecido que desde el 2006 se sacaba dinero de dichas cuentas fiscales, con complicidad de los propios organismos contralores internos y se indaga a los entes externos que los fiscalizaban.