Tras haber sido expulsado del país mediante un decreto firmado por el intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, el realizador audiovisual italiano Lorenzo Spairani no quedó conforme y decidió llevar su caso a la justicia chilena. Y ésta se pronunció a su favor: la Corte Suprema declaró "ilegal" esta expulsión y la resolución calificó como "inaceptable" la decisión tomada por la autoridad regional.
Y dentro de los documentos presentados por la defensa del europeo fue una copia del informe policial número 476 de la PDI del 19 de enero pasado, que la institución envió a la intendencia, "documento en el que se basa la expulsión del amparado y que no señala ningún hecho que sirva de fundamento a la misma y que no señala ningún hecho que sirva de fundamento a la misma", según explicó en el escrito el abogado de Spairani, Rodolfo Noriega.
El señalado informe, que fue firmado por el subprefecto Carlos Silva Pérez, expresó que "el extranjero en cuestión fue detectado participando activamente en diversas actividades antisistémicas relacionadas con la "Escena Anarco Libertaria de Chile" alterando el orden social del país y constituyendo de esta manera un peligro para el Estado".
"Consecuente con los antecedentes recopilados, se estableció que la situación del extranjero materia del presente informe se encuentra contemplada en el artículo N° 17 en relación al artículo 15 inciso N° 1 de la Ley de Extranjería", añade.
Esto último se refiere a quienes "propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno, los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas y, en general, los que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público del país y los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado", de acuerdo a la referida ley".
Spairiani llegó a Chile en octubre becado por la Unión Europea para observar procesos sociales. Aquí trabajó con la Asociación Regional Metropolitana de Trabajadores del Sename (Armetrase), siguiendo de cerca sus procesos organizativos, huelgas y manifestaciones.
Sin embargo, en enero fue detenido por la PDI y expulsado del país luego que el Intendente de Santiago, Claudio Orrego, firmara una orden donde se argumentaba que a través de sus actividades antisistémicas alteraba el orden social, constituyendo así un peligro para el Estado.
