Enfermedades (420), riñas o agresión (297) y suicidios (124). Estas son las principales causas de las 886 muertes registradas por personas privadas de libertad en 59 centros penitenciarios del país, entre 2011 y 2016, según el oficio número 744/2017 de Gendarmería, del 21 de marzo de este año (ver infografía), lo que evidencia que un tercio del total de los fallecimientos en cárceles es por peleas o ataques.

La información surgió en respuesta a una solicitud de información realizada en febrero pasado por el diputado (RN) Nicolás Monckeberg. De ese total, 95,6% (847) eran hombres y el 4,4% (39) mujeres.

Según las mismas cifras, se registró un promedio de 12 decesos en las 59 cárceles analizadas. Sin embargo, 19 de esos penales superan el promedio nacional, siendo los centros de la Región Metropolitana los que más muertes poseen. Así, el CDP Santiago Sur (ex Penitenciaría) supera en 10 veces el promedio nacional con 138 en dicho período. Le sigue el Centro Penitenciario de Valparaíso con 80 fallecidos. Y el tercer penal con más presos fallecidos es Santiago I, con 66. Según cifras de Gendarmería, a febrero de 2017, 49.437 personas se encuentran privadas de libertad en sistema cerrado.

El director nacional de Gendarmería, Jaime Rojas, dijo que respecto a incidentes violentos, "se actúa dentro de los medios que se tienen al interior de los penales y se deriva al sector público". Indicó que desde su llegada al cargo, el servicio cuenta con un plan de contingencia permanente. Aseguró que en ese marco se realizan allanamientos y visitas preventivas al interior de los penales. Con ello, explicó que se busca "desalojar de instrumental que puede ser usado con el objetivo de dañar a otros". Asimismo, dijo que se va aislando a los que están en riesgo y a los que son agresivos. Sin embargo, señaló que "estamos conscientes de que no es suficiente. Nosotros no tenemos cómo saber cuándo va a ser agredido un interno".

Respecto a qué se está haciendo para mitigar la cifra de muertos por enfermedad, Rojas dijo que "tenemos un departamento de salud que actúa en forma preventiva y oportuna. Hay que reconocer y advertir que todas las personas privadas de libertad tienen asegurada la asistencia del servicio de salud público". Explicó que "eso permite hacer un chequeo médico, de vacunación y de exámenes constante de los internos, también hacer la segregación de las personas con cierto tipo de enfermedades y tratamiento oportuno cuando corresponde".

Además, el servicio también informó que fueron 383 loas funcionarios de Gendarmería que fueron agredidos por internos.

Sobre esta situación carcelaria, el diputado Monckeberg manifestó que "llevamos ocho meses investigando esto a partir de distintas denuncias que nos han hecho llegar de penales. Esto ha implicado visitas en terreno a las cárceles de Arica, Vallenar, Valparaíso y la ex Penitenciaría, donde pudimos constatar en terreno el mal estado, especialmente de seguridad, tanto de los gendarmes como de los internos".

El parlamentario calificó como "grave" el número de muertes violentas a causa de riñas y agregó que "la gran mayoría de los otros decesos se debe a problemas de salud que demuestran al menos una falta de cuidado en el tratamiento de la enfermedad". En ese sentido, indicó que el extremo hacinamiento y las nulas condiciones de salubridad hace que los hechos de violencia aumenten.

Añadió que todo esto "demuestra el absoluto abandono en que se encuentran muchos reos en nuestro país, en que ni siquiera está asegurada su vida al interior de los recintos de Gendarmería. Es inaceptable que cada dos días muera una persona en las cárceles de nuestro país".

En tanto, para Marcelo Sánchez, gerente de la Fundación San Carlos de Maipo, "las cifras de violencia en las cárceles son consistentes con las estadísticas históricas y se relacionan a las mayores densidades de algunos penales pero también y principalmente a factores de exclusión social a la base".

Consultado sobre las razones que pueden explicar las principales causas de muertes, manifestó que "en el caso de hombres se debe a la hacinamiento, la baja segregación y segmentación delictiva, y el poco acceso a salud mental para el tratamiento de consumo problemático (de drogas)".