Conducción en estado de ebriedad, abuso sexual e, incluso, hurto de armamento y especies militares son algunos de los delitos por los que 408 funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden han sido condenados ante un tribunal de justicia. Pese a estos fallos condenatorios, dictados entre 2000 y 2013, todos ellos continúan ejerciendo funciones en sus respectivas instituciones.
Así lo revelan informes elaborados por cuatro de las seis instituciones uniformadas del país, a las cuales La Tercera accedió a través de la Ley de Transparencia. La Armada, en tanto, denegó la información, argumentando que "la institución no lleva un registro nacional de los condenados". La Fuerza Aérea, por su parte, negó los antecedentes tras aducir que "no existe información relativa a cifras de funcionarios condenados".
La normativa actual permite a los funcionarios públicos continuar en sus cargos mientras no sean condenados a penas que superen los cinco años de cárcel.
Carabineros y Gendarmería lideran la lista de efectivos condenados por cometer delitos (ver infografía). En el caso de la policía uniformada 144 funcionarios (35% del total) registran condenas, de los cuales 132 son suboficiales y 12 oficiales. Los ilícitos que han afrontado van desde las lesiones graves, violencia innecesaria contra particulares, manejo en estado de ebriedad y cuasidelito de homicidios.
En Gendarmería, en tanto, las 148 condenas (36%) se relacionan con multa por infringir normativas, robos, delitos contemplados en la Ley de Drogas y hurtos.
En el caso de la Policía de Investigaciones, las 60 condenas que presenta su registro (un 14% de total de casos) consideran delitos de manejo en estado de ebriedad, lesiones y detenciones ilegales.
El Ejército, por su parte, mantiene en sus filas a 56 efectivos condenados (13% del total) por conducir en estado de ebriedad, por cometer cuasidelitos de lesiones y homicidio, abuso sexual, y dos casos de hurto de armamento y especies militares, asegura el documento elaborado por la institución.
REACCION DE LAS ENTIDADES
Consultados al respecto, desde Carabineros aseguraron por escrito que "el otorgamiento de cualquiera de los beneficios previstos en la Ley Nº 18.216, que establece las penas que indica como sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad, para funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública o de Gendarmería de Chile, les permite (a los involucrados) ser considerados como si nunca hubiesen sido condenados y, por ende, no se encuentran obligados a cesar en funciones como consecuencia de la causal de inhabilidad sobreviniente por condena de crimen o simple delito".
Por su parte, el Ejército respondió de manera oficial que "si un sujeto ha sido condenado judicialmente por la comisión de un delito o cuasidelito, pero a la vez recibe un beneficio de cumplimiento alternativo, puede suceder que no se vea afectado por normas de probidad administrativa y consecuencialmente estar habilitado para continuar en servicio activo. Por el contrario, puede darse el caso que por la gravedad del delito y la condena que reciba el sujeto, no resulte posible su permanencia, ya sea porque la propia sentencia judicial así lo establezca, o como pena accesoria, porque le resulten aplicables normas de probidad administrativa; en consecuencia, y en tal caso deben hacer abandono de la institución".
Desde la Policía de Investigaciones aseguran que "la aplicación de un beneficio de la citada ley (18.216) al condenado, lo exime de su obligación de dejar el cargo dentro de los 10 días siguientes de ejecutoriada la sentencia. Esa interpretación viene aplicándose con anterioridad al resto de la administración pública, en el marco de las políticas de reinserción del Estado".
Gendarmería no entregó una versión oficial sobre la situación y continuidad de todos los funcionarios condenados que siguen en sus filas.
