Por resolución unánime de los magistrados de la Corte de Apelaciones de Temuco, se definió que la jueza de Garantía de Victoria quedara inhabilitada para participar de la audiencia de preparación de juicio oral en contra de comuneros mapuches.

La medida afecta a la magistrado, Viviana García, luego que ésta se pronunciara dando los nombre de los compañeros de Raúl Castro Antipán, a quien se le condenó por participar del ataque a la plaza de peaje en las cercanías de Victoria y la quema de dos camiones, en octubre del año pasado.

El sujeto fue condenado en juicio abreviado, ya que se acogió al beneficio de la delación compensada. Sin embargo, la irregularidad estuvo en que la jueza, al contextualizar los hechos y la responsabilidad del comunero, dio los nombres completos de sus compañeros, insinuando así presunta responsabilidad, pese a que aún no enfrentan a la justicia, lo que en términos jurídicos tiene que ver con que la magistrado dictó un "fallo con manifestación de implicancia".

Esta situación fue denunciada en la etapa de incidentes durante el frustrado intento de iniciar la preparación del juicio en contra de otros siete comuneros que aparecen como responsables de los hechos.

Luego que la magistrado rehusara declararse inhabilitada, la defensa de los comuneros, entre ellos el abogado Ricardo Cáceres, recurrió ante la Corte de Apelaciones, los que resolvieron dar a lugar a lo solicitado, marginando de sus funciones a la jueza para ver la causa de la caseta de peaje y la quema de los camiones.

El abogado Cáceres explicó que "esto es lo que correspondía porque consideramos que la jueza perdió toda objetividad en su imparcialidad, porque ya valoró esa prueba con la que se condenó al motor comunero y más encima dio los nombre de otras personas".

El paso a seguir es que en el corto plazo se nombre a un nuevo magistrado para que dirija la audiencia de preparación de juicio oral en contra de los mapuches donde el gobierno retiró el requerimiento por infracción a la ley antiterrorista, no así el ministerio Público que la mantiene vigente.