En medio de parlamentarios y autoridades, la Presidenta Michelle Bachelet dio ayer su cuenta pública y la inició con los avances y desafíos en materia educacional. Uno de ellos tuvo que ver con el sistema de educación superior. "Avanzando en nuestro compromiso de alcanzar la gratuidad para el 70% de los estudiantes más vulnerables de Chile al fin de mi período, a partir de 2016 aseguraremos que el 60% más vulnerable que asista a centros de formación técnica (CFT), institutos profesionales (IP) acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores (Cruch), accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito. Esto beneficiará a casi 264 mil jóvenes". De esta forma, el gobierno está dando sus primeros pasos para alcanzar la meta final pactada entre la Nueva Mayoría que es alcanzar la gratuidad universal.

Sin embargo, para muchos es un inicio parcelado, ya que no contempla dentro del beneficio a aquellos alumnos que están matriculados en las universidades privadas o en los IP y CFT que persiguen lucro. Actualmente, la legislación prohíbe el lucro sólo en universidades, pero sí permite la creación de institutos técnicos como sociedades anónimas.

El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, explicó que se está partiendo por este grupo de recintos porque "son instituciones donde hay inexistencia de lucro y donde la calidad está garantizada.  Para que se extienda al resto de las universidades vamos a tener garantizada la regulación y la no existencia de lucro y la calidad, cuestión que está menos asegurada en las instituciones que todavía no acceden a estos beneficios".

Una opinión que no comparte el economista y experto en educación de la U. Diego Portales Felipe Salazar. "Este argumento no es cierto, porque no han revisado a todos los planteles, no pueden decir que todas las universidades privadas no cumplen con esos requisitos (…). Si están siendo arbitrarios tienen que explicarlo, si las están excluyendo (al resto de recintos), porque no están siendo capaces de revisar los requisitos, es una falencia de ellos y no de los estudiantes, ellos son los  perjudicados".

Algo que comparte el rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez: "Me parece que no se puede hacer discriminación con los estudiantes, porque un alumno vulnerable tiene el mismo derecho de tener acceso a una gratuidad que un estudiante que va a otra institución".

Según Eyzaguirre, el gobierno decidió comenzar por este grupo de instituciones, porque "esto supondría un nivel de recursos que son superior a lo que de momento  está recaudando la reforma tributaria, que va poco a poco y tenemos que ser responsables, no podemos estar incorporando gastos  que todavía no tenemos cómo financiar".

Estudiar gratis

¿Qué significa gratuidad? Actualmente, las instituciones de educación superior fijan un valor de arancel (arancel real) para cada una de las carreras ofrecidas. El Estado, por su parte, vía becas y créditos establece un valor a cubrir del total estipulado por los recintos. El problema es que los beneficios sólo cubren el arancel referencial fijado por el Fisco y no el que definió el plantel. Por tanto si Derecho, por ejemplo, cuesta $ 3,5 millones en una universidad y las becas cubren sólo $ 2 millones, la diferencia la asumen las familias. "Este es el problema que estamos solucionando. (...) Si la beca  es menor que el arancel, las familias tienen que ver cómo cubren el resto, lo hacen  con créditos (bancarios) etc. De ahora en adelante no hay tal cosa como beca y arancel, esa persona no paga y el Estado cubre directamente los recursos que requiere  la universidad para educar a ese niño", explicó Eyzaguirre, quien agregó que "no va a haber precio, el costo lo vamos a cubrir nosotros".

La medida anunciada se llevará a cabo por la ley de presupuesto y tendrá un costo estimado "de US$ 500 millones adicionales" a los que ya se gastan para cubrir los aranceles vía beneficios estatales, destacó el ministro. Hoy, el Estado dedica cerca de US$ 1.600 millones para financiar todas las ayudas estudiantiles.

Además de estar acreditadas y no perseguir lucro, las instituciones beneficiarias deberán pactar un convenio con el Mineduc. "Los recintos que ingresen a la gratuidad tendrán que mejorar su acreditación (...) y va a haber convenios para ingresar al sistema para producir esta gratuidad", señaló el ministro.