La eliminación del lucro en instituciones educacionales que reciben aportes del Estado fue una de las exigencias del movimiento estudiantil que generó controversia en la discusión de proyectos anteriores, tramitados en el marco de la reforma educacional, y también está presente en la iniciativa para reformular la educación superior, que el gobierno presentó ayer a la Cámara de Diputados.
Uno de los puntos advertidos, sobre todo por representantes de la educación técnica es el cambio en los requisitos establecidos para que estudiantes de centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades accedan a créditos y becas estatales para financiar su educación, esto en el escenario en que ese plantel no adscriba a la gratuidad. La exigencia, según el texto, será contar con acreditación, implementar el sistema de acceso regulado, y que estén constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro.
El tema es que a la hora de identificar a una persona jurídica sin fin de lucro, el proyecto especifica que éstas "sólo podrán tener como controladores, miembros o asociados a personas naturales, personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro". Es decir, las sociedades dueñas tampoco podrán lucrar.
Para el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, este cambio afectará significativamente a los centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) "porque la ley hoy permite que se organicen como sociedades comerciales, por lo tanto, la obligación de pasar a ser entidades sin fines de lucro les genera una gran dificultad. Les puede significar a los actuales dueños importantes pérdidas", explicó.
Según datos del Servicio de Información de Educación Superior del Mineduc, actualmente hay 54 CFT y 29 IP, pero entre éstos sólo cinco cumplen hoy los requisitos de no tener lucro para acceder a la gratuidad.
El proyecto establece un horizonte de cinco años para cambiar la estructura económica de una institución de educación superior y establecerá un número máximos de beneficiarios que podrán acceder a este financiamiento. Figueroa añade que en el caso de las universidades, "los mecanismos de transición deben asegurar que las instituciones puedan modificar sus composiciones internas, sin que eso altere las características de los proyectos educativos".
Gonzalo Vargas, rector de Inacap y presidente de Vertebral, asociación que reúne a los IP y CFT acreditados, apuntó a que "el proyecto habla de una estrategia nacional de fortalecimiento de la educación técnico profesional, pero con todas estas regulaciones uno ve que en la práctica se amenaza el futuro de la educación técnica. Por ejemplo, te piden acreditarte bajo un nuevo esquema que exigirá innovación y vinculación con el medio. A las universidades les van a dar plata para eso, pero a los institutos profesionales no. Entonces, ¿cómo podremos hacer esas cosas que hoy no se nos exigen?".
Diferente visión tiene Mathias Gómez, investigador de política educativa de 2020, quien calificó como "razonables", las nuevas exigencias. "La discusión podría estar en torno al plazo, porque en el proyecto se establecen cinco años. Nosotros creemos que es más que razonable porque son las mismas condiciones para recibir la gratuidad y las instituciones harán ese esfuerzo, muchas ya lo están haciendo. El tema será la acreditación y que se pongan al día las instituciones pequeñas".
Sobre este punto el senador Guido Girardi (PPD), dijo que "lo mínimo que debe hacer el gobierno es regular el lucro y resguardar sobre todo el lucro en instituciones que reciben fondos públicos".
