La intendenta de fiscalización subrogante de la Superintendencia de Pensiones (SP), Eliana Cisternas, descartó inhabilitarse del proceso de invalidación -que ella instruye-, de las fusiones de las AFP Cuprum con Argentum y Provida con Acquisition.
Así consta en dos oficios que forman parte del expediente, al que accedió este medio, y que responden a una solicitud y a una reposición presentadas por el diputado Fuad Chahín.
"No ha lugar. Estése al mérito de la resolución de fojas 891 de autos", dice la escueta respuesta de Cisternas, del 25 de noviembre, a la reposición. Una semana antes sí argumentó al contestar la primera solicitud: "en lo relativo a la supuesta falta de imparcialidad, cabe hacer presente que toda decisión de la autoridad es susceptible de ser impugnada a través de los recursos que franquea la ley, en particular durante la tramitación de un procedimiento administrativo a través del recurso de reposición".
Agregó en que no tiene "interés alguno en la resolución del procedimiento de invalidación, que no sea el resolverlo imparcialmente".
Durante el proceso -que podría resolverse antes del 16 de diciembre- Cuprum también cuestionó a Cisternas por estimar que habría adelantado juicios en la fase probatoria, dijeron conocedores del mismo.
Los requerimientos presentados por Chahín se fundamentaron, entre otros aspectos, en el vínculo de subordinación de Cisternas con el titular de la SP, Osvaldo Macías, lo que condicionaría sus opiniones: "Sus juicios, consideraciones y resoluciones se encuentran influidas por dicha relación jerárquica y, en consecuencia, por el criterio ya establecido por esta SP".
Macías se inhabilitó del proceso, pues en marzo firmó una resolución que declaró improcedente la anulación. Luego de eso, la Contraloría le instruyó a la SP iniciar el mencionado procedimiento.
Las dos fusiones -aprobadas por la ex titular de la SP, Tamara Agnic, quien renunció al cargo en enero- implicaron beneficios tributarios por más de US$ 410 millones.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) debería dar respuesta a un segundo oficio de la SP, en el que pide precisar perjuicios fiscales y si hubo una legítima razón de negocios tras las operaciones.
