La Subsecretaría del Interior se hizo parte este lunes de la investigación por sabotaje informático y violación de secreto que lleva la fiscalía, ante la supuesta filtración de antecedentes por parte de un funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y una abogada de la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, a los imputados de la Operación Huracán, entre ellos el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.
El caso se abrió luego de que Carabineros detectara mensajes entre Llaitul y un supuesto funcionario de la ANI, a través de Whatsapp, donde se le alertó que la policía uniformada preparaba un operativo para detenerlo a él y otros nueve imputados por una serie de atentados en la Novena Región.
En la querella se señala que "existe actualmente una red de protección que estaría al menos integrada por una abogada de la Fiscalía de La Araucanía y por un funcionario de la Agencia Nacional de Inteligencia; estas personas estarían entregando información de carácter reservado y secreto, de cual toman conocimiento en razón de sus cargos al señor Llaitul para ayudarle".
El gobierno pidió a la fiscalía investigar si la presunta red de protección ha obstaculizado otras investigaciones penales en curso.
También se apunta a la fiscalía, dado que, según la indagatoria, Llaitul se comunicó con un contacto registrado como "José", quien le dijo tener un contacto en la fiscalía. Carabineros investigó y el este nexo sería una mujer, abogada asistente del fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo.
Fuentes del caso señalaron que la integrante de la fiscalía que entregó información a los imputados está identificada. La abogada registra las iniciales M.P.M., quien, trascendió, habría accedido a información clasificada para alertar a las personas investigadas.
La querella detalla que el día de las detenciones de los imputados por la Operación Huracán hubo "dos contratiempos": "Los funcionarios de Carabineros sorprendentemente a pesar de haber seguido por meses a los integrantes de la asociación ilícita terrorista solo logran ubicar y detener a ocho de sus diez miembros". Además, "ocurrió una situación anómala en los registros de los domicilios de los detenidos, ya que los funcionarios de Carabineros no lograron ubicar evidencia útil para la investigación, ni siquiera se encontró la parafina que se utiliza para las estufas de los hogares, ni tampoco las escopetas que se utilizan para cazar conejos".
El gobierno pidió a la fiscalía la nómina completa de los funcionarios que trabajan en la Fiscalía de Alta Complejidad, identificar a "José", que se oficie a la ANI para que informe si tiene funcionarios en ejercicio con el nombre de "Marcos", se identifique al funcionario de Carabineros a quien se le habría intervenido el teléfono y se realicen diligencias para saber si se logró interceptar al fiscal Luis Arroyo.
El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, en tanto -quien llegó este lunes hasta La Araucanía para supervisar los servicios para la seguridad del Papa-, señaló que "en el marco de la Operación Huracán apareció información que involucraba a dos estamentos, esa información fue entregada a los tribunales. Acá no hay carabineros involucrados".
Para este miércoles fueron citados a la Comisión de Seguridad del Senado el fiscal nacional, Jorge Abbott, y el general Bruno Villalobos.
