Los abogados de los internos de Punta Peuco pedirán al ex presidente y candidato presidencial Sebastián Piñera, que intervenga con el gobierno para evitar el cierre del penal, programada para septiembre y el traslado de los reos hacia Colina 1.
De acuerdo a lo informado hoy por La Tercera, se está trabajando en casi todos los ministerios para lograr el cierre. Sin embargo, aún no se definen el día y la ejecución del anuncio.
Mediante un comunicadp de prensa, los abogados indicaron que "queremos manifestarle al gobierno que estamos preparando una orden de no innovar para impedir el cierre del penal sobre la base de sendos informes médicos, sicológicos, siquiátricos y geriátricos que concluyen por unanimidad que el traslado de reos adultos mayores con enfermedades crónicas y terminales que podrán en riesgo la vida, la salud y la integridad física y psíquica de los internos de Punta Peuco".
Manifiestan además que de acuerdo a información que les entregó Gendarmería, en Colina 1 "no existe la capacidad física ni las instalaciones para recibir a 130 reos, considerando que actualmente ya existen 32 internos en dicho penal y solo tiene capacidad para 120 reos. En consecuencia, de tomarse la decisión del traslado significaría un hacinamiento en el penal contraria a la convención interamericana de los derechos humanos de las personas mayores suscrita por el Estado Chileno".
"Sin perjuicio de las acciones judiciales y constitucionales que se están preparando para impedir el cierre del penal o en su defecto prorrogar los plazos para que el nuevo gobierno tome la decisión, vamos a solicitar formalmente la intervención del Presidente Piñera para que personalmente solicite al actual gobierno que se postergue la decisión del cierre de Punta Peuco para el próximo gobierno y además, para que exija los informes técnicos y médicos que garanticen la vida y la integridad física y síquica de los internos de Punta Peuco", sentencia el comunicado.
Para concretar el cierre de esta cárcel se deberá firmar un decreto presidencial, tal como en 2013 se hizo con el penal Cordillera, recinto donde también cumplían condena ex uniformados por delitos de lesa humanidad. Tras el cierre del recinto ubicado en Peñalolén, los 10 internos que allí cumplían condena, entre ellos Manuel Contreras, fueron trasladados hasta Punta Peuco.
