La Policía Internacional (Interpol) emitió una orden de captura contra tres funcionarios del depuesto Presidente hondureño Manuel Zelaya por delitos comunes de los que se les acusa en Honduras, informó hoy una fuente oficial.

La orden internacional pesa sobre el ministro de Defensa en el Gobierno de Zelaya, Arístides Mejía; la ministra de Finanzas, Rebeca Santos, y la gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Rixi Moncada, dijo el jefe de Interpol en Honduras, Rommel Martínez.

La central de Interpol en Francia divulgó "la semana anterior" una "nota de difusión roja" contra los tres funcionarios del gobierno de Zelaya, indicó Martínez a la radio HRN de Tegucigalpa.

Un tribunal de justicia de la capital hondureña emitió la orden de captura nacional el 26 de julio pasado contra Mejía, Santos y Moncada, acusados de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública.

El Ministerio Público acusó a los tres funcionarios a raíz de que Moncada firmó un contrato de alquiler de un edificio para la ENEE sin haberlo sometido a licitación pública, con el aval de Mejía y Santos, que eran miembros de una junta interventora de la entidad.

El jefe local de Interpol explicó que la "nota de difusión roja" es utilizada para "efectuar la localización y captura de personas que tienen procesos penales pendientes en los países miembros" de esa organización.

En este caso, puntualizó Martínez, "ya se cuenta con todo el argumento jurídico para poder llevar a cabo la detención".

El propio Zelaya, Rebeca Santos, su ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, y el ex gerente de la empresa telefónica estatal Jacobo Lagos también tienen orden de captura local, emitida el 31 de julio por otro caso presentado por el Ministerio Público.

La Fiscalía acusó a Zelaya y a sus tres funcionarios de fraude, falsificación de documentos y abuso de autoridad en la aprobación de un decreto que, sin cumplir algunos requisitos, autorizaba un gasto de 27 millones de lempiras (1,4 millones de dólares) en publicidad.

Contra Flores Lanza hay emitida una orden de captura por haber mandado sacar al menos 40 millones de lempiras (2,1 millones de dólares) de las bóvedas del Banco Central de Honduras para gastos relacionados con la consulta que Zelaya iba a celebrar el 28 de junio para promover la convocatoria de una Asamblea Constituyente, según la Fiscalía.

Dicha consulta para sondear si los hondureños querían que se efectuase un referéndum sobre la instalación de una Asamblea Constituyente, declarada ilegal por varias instancias del Estado, fue el detonante del golpe de estado dado a Zelaya.

Además, Jacobo Lagos tiene una orden de captura por estar acusado de recibir un soborno de una empresa estadounidense, caso por el cual está preso Marcelo Chimirri, otro ex gerente de la telefónica en el Gobierno de Zelaya.

Zelaya afronta una orden de captura acusado de delitos políticos cometidos, según las autoridades judiciales, al promover la consulta del 28 de junio, cuando los militares lo derrocaron y el Parlamento designó como presidente a Roberto Micheletti.