Este año, la inversión en Chile anotará su cuarto ejercicio consecutivo a la baja, de confirmarse la última proyección del Banco Central (-2,5%), con lo que completaría así el peor ciclo para este componente de la demanda desde al menos 1996. Sin embargo, todo empezaría a cambiar a partir del próximo año, ya que el mismo ente emisor adelantó en su Informe de Política Monetaria (IPoM) que la formación bruta de capital fijo crecerá un 3,1% en 2018, en parte gracias al fin del ciclo negativo en la minería, que aportará 0,8 puntos porcentuales al indicador.

Pero sobre todo, la reactivación vendría por el lado del componente no minero, que sumará el resto de los 2,3 puntos a la inversión, donde el sector público juega un rol relevante. Como lo expresó el presidente del Banco Central, Mario Marcel en la presentación del último Ipom, "la inversión pública es un componente no despreciable de la formación bruta de capital fijo en la economía (…) cuyo efecto se observa especialmente en construcción y otras obras, que está más ligado a la infraestructura. Por supuesto que tiene una incidencia".

Y las magnitudes son no menores. De acuerdo a datos recopilados por Dipres, en base a información autoreportada de los servicios e instituciones públicas, a octubre de 2017 el catastro de proyectos de inversión pública suma 10.237 iniciativas, con un monto identificado para ésta de $ 3,51 billones (ajustado a IPC), unos US$ 5.244 millones al tipo de cambio actual. Los proyectos van fundamentalmente desde mejoramiento y reposición de rutas, construcción de bordes costeros, normalización de hospitales y servicios, ampliaciones, y concesiones a lo largo del país.

Con todo, el monto indentificado solo está ligado a 5.661 proyectos, ya que el resto de las iniciativas (4.576, equivalente a un 44,7% del total), no tiene gasto asignado, a dos meses que finalice el año. Además, en 10 meses la ejecución de la inversión alcanza solo un 65,4%, llegando a $ 2,29 billones (US$ 3.429 millones).

Mirando a los últimos cinco años (ver infografía), se observa una tendencia similar respecto a los proyectos sin presupuesto, promediando 60% del total con un peak de iniciativas sin monto identificado en 2015 (10.471 proyectos). En tanto, a nivel de montos presupuestados también lideró el año 2015, con poco más de $ 3,6 billones, y en ejecución el récord estuvo en 2014, cuando este gasto se sobreejecutó llegando a 101,6%.

Propuestas

Tomando en cuenta la necesidad de reactivar una economía alicaída, asesores económicos de los candidatos presidenciales han destacado la importancia que tendrá el capítulo de inversión pública en la gestión de un eventual próximo gobierno.

Desde la candidatura del senador Alejandro Guillier, el economista Luis Eduardo Escobar planteó que "hay que fortalecer los equipos técnicos en el aparato público, falta personal capacitado en áreas críticas (...) por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y en concesiones faltan ingenieros que puedan revisar los proyectos".

En una perspectiva similar, el economista José Ramón Valente, miembro del equipo económico del ex presidente Sebastián Piñera, señaló que "en Chile nos estamos tomando demasiado tiempo en concretar las inversiones, desde el momento en que detectamos la necesidad de una obra hasta que esta está construida".

Así, afirmó que "la modernización del MOP que se propone en el programa económico tiene que ver con establecer un proceso que, manteniendo la calidad y controlando los riesgos, nos permita disminuir dichos plazos".

De hecho, el MOP es por lejos el ministerio que más presupuesto maneja para inversiones, abarcando por si solo un 46,5% del total de los montos identificados para iniciativas de inversión a octubre de 2017 (casi $ 1,6 billones). Esto, sobre un total de 1.738 proyectos, con una ejecución que alcanza un 67,5%.

Cabe considerar de todas maneras que el MOP solo tiene 288 proyectos con cero montos asignados, lejos de los 3.654 que alcanza el Ministerio del Interior, sobre un total de 6.118 proyectos catastrados (que además ha ejecutado solo un 59,5% de los $ 636,8 mil millones de los montos identificados). Aquí destacan los proyectos catastrados por los gobiernos regionales, especialmente en la Región de Biobio, La Araucanía y el Maule.

De acuerdo a Escobar, otra arista que complica la ejecución eficiente de la inversión pública se relaciona con que "hoy la asignación de riesgo en las licitaciones está sesgada, porque pone una carga excesiva a la empresa que gana la licitación, en términos de la relación con las comunidades y materias ambientales". Por lo mismo, afirmó que "el proceso de toma de decisiones debe ser distinto a lo actual, con un trabajo más cercano con las comunidades e inversionistas antes de licitar los proyectos".

En tanto, mirando el corto plazo, el ex subdirector de Dipres y académico de la Usach, Guillermo Pattillo, llamó a "reducir la brecha que se produce en los meses de verano en la tramitación de los decretos que identifican y asignan recursos a las distintas iniciativas de inversión", agregando que "esta virtual detención del proceso en enero y febrero es una fuente de ineficacia y sin duda hace aún más difícil cumplir la ejecución durante el año".