Una asociación sin fines de lucro de Arizona reveló el lunes que dos grupos conservadores estaban detrás de los 11 millones de dólares de aportación de campaña a una organización en California que combate la iniciativa fiscal del gobernador Jerry Brown.
Sin embargo, esa revelación no aclaró lo suficiente la identidad de la fuente del dinero porque ese tipo de grupos no están legalmente obligados a informar de sus donadores.
La Comisión para Prácticas Políticas Justas de California, que supervisa las actividades políticas del estado, describió como el mayor caso de "lavado de dinero de campaña" en la historia del estado el donativo de la asociación Americans for Responsible Leadership (Estadounidenses a Favor de un Liderazgo Responsable).
La comisión tiene facultades para imponer multas pero no para detener ningún gasto de campaña en el que hubiera participado el grupo, como posibles aportaciones para contratar la difusión de mensajes políticos.
Por su parte, la procuradora general de California, Kamal Harris, dijo que podría continuar con las investigaciones para determinar si hubo infracciones a la ley. "Esto no va a parar en el día de las elecciones", apuntó.
El donativo de 11 millones llegó en las semanas finales de la campaña y dio impulso a un grupo que pretende frustrar la iniciativa fiscal de Brown y la Propuesta 32, mediante la cual se pretende restringir la influencia de los sindicatos en la política.
La comisión llevó a la asociación ante un tribunal por no divulgar la fuente de sus recursos, y finalmente apeló el caso ante la Corte Suprema estatal, donde las autoridades estatales arguyeron que era importante y necesaria la información para los electores antes de que éstos depositen su voto.
En una decisión fuera de lo común el domingo, la Corte Suprema de California ordenó por unanimidad que Americans for Responsible Leadership revele la fuente del donativo. El grupo amenazó con llevar el caso ante la Suprema Corte federal, pero se retractó el lunes en la mañana y reveló que recibió los 11 millones de un grupo llamado Americans for Job Security (Estadounidenses a Favor de la Seguridad Laboral) mediante un intermediario, el Center to Protect Patient Rights (Centro para la Protección de los Derechos de los Pacientes).
Ambas organizaciones están registradas a nivel federal como grupos sin fines de lucro que no están obligados por ley a revelar a sus donadores de recursos.
