La Policía Federal brasileña investiga la presunta existencia de una red de espionaje ilegal de políticos y autoridades en Brasilia, informa hoy el diario "O Estado de Sao Paulo".

Según el rotativo, las investigaciones comenzaron a raíz de documentos entregados por el diputado Miro Teixeira al ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, y a la Policía Federal. 

"Se creó en la capital del país, bajo los ojos de los poderes de la República, una sociedad anónima de delincuentes y violadores de datos personales", dijo Teixeira. "No hay ciudadano en este país, ni siquiera la presidenta, seguro de su privacidad, y eso es muy malo para la democracia", agregó.

Los documentos entregados por Teixeira contienen transcripciones de conversaciones teléfonicas y correos electrónicos intercambiados entre varios legisladores.

"Ellos (los integrantes del grupo delictivo) se valen de informaciones privadas de las personas para hacer chantajes y obtener ventajas", resumió Teixeira.

Según Teixeira, en una de las transcripciones figura uno de los presuntos integrantes de la red de espionaje ofreciendo sus servicios y diciendo que puede obtener datos de cualquier persona, "incluso de la presidenta Dilma Rousseff".

"No hay ciudadano que tenga su privacidad absolutamente asegurada", afirmó, al tiempo que alertó sobre la necesidad de controlar la venta de materiales y equipos de comunicación, que facilitan el espionaje.

A instancias de la proliferación de denuncias de escuchas telefónicas ilegales, varios políticos y autoridades han comenzado a tener sumo cuidado con el uso del teléfono.

Como ejemplo, el portal G1 cita el caso del ex presidente del Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, quien prohibió a sus secretarias transferir llamadas de su teléfono de línea a su celular, porque éste es más fácil de ser interceptado.

Por su parte, el secretario de Salud del Distrito Federal, Augusto Carvalho, manifestó su preocupación por la vulnerabilidad a la que "todo el mundo" está sujeto. "Mi recelo es sobre la manipulación de las frases que uno pueda haber dicho. Creo que se trata de un estado de total inseguridad", manifestó.

La Policía Federal informó al respecto que recién está verificando la autenticidad de los documentos recibidos, pero adelantó que existen fuertes indicios de que el delito denunciado es real, y que en caso de que así sea, será investigado "con rigor".