El Servicio de Salud Metropolitano Oriente instruyó realizar una investigación interna por la muerte de dos pacientes, ocurridas al interior del recinto asistencial en los últimos días. El sumario buscará determinar si los fallecimientos responden a la falta de atención que podría haber provocado el paro, que hoy cumple 23 días, y que fue convocado por los funcionarios para rechazar la construcción del nuevo hospital bajo la modalidad de concesiones.

Así lo señaló el director del servicio, Héctor Olguín: "Es una situación de la que nos acaban de informar (ayer) y vamos solicitar más datos para investigarla".

La noticia de las muertes la entregó Bárbara Puga, vocera de los facultativos del Salvador, durante una reunión convocada por la bancada de diputados de la Nueva Mayoría, que son parte de la comisión investigadora sobre concesiones hospitalarias, y que se realizó ayer en el ex Congreso Nacional. Allí, también asistieron representantes de los ministerios de Obras Públicas y Salud, además de los dirigentes de los funcionarios del hospital.

Puga calificó la situación de salud pública en el recinto asistencial como "dramática".

"No tenemos más antecedentes sobre los fallecimientos, hay que investigarlos. Pusimos esos datos en la mesa como una situación de alarma, porque sí estamos sometidos a ese riesgo", explicó la médico del hospital.

El último balance que entregó la dirección del recinto da cuenta de 10.016 atenciones con especialistas y 801 cirugías canceladas, además de un gasto de casi $ 600 millones por contratación de personal extra y derivación de pacientes al sistema privado.

Posible acuerdo

El movimiento de los funcionarios del Salvador tuvo acogida entre algunos de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, como las diputadas del PC Karol Cariola y Camila Vallejo, quienes participaron en la marcha realizada ayer por los trabajadores del hospital (ver nota secundaria).

Incluso, ya hay dos opciones para terminar con el conflicto. Una es un acuerdo mutuo, y la otra invocar el interés público, según explicó el diputado Juan Luis Castro, quien es parte de la comisión investigadora y que ofreció esta instancia para mediar entre el gobierno y los funcionarios en paro.

"Hemos solicitado al MOP y al Ministerio de Salud informes detallados sobre el valor (costo) exacto de la concesión en los términos que está previsto, así como las alternativas que signifiquen bajar este modelo y construir (el nuevo hospital) por la vía de recursos sectoriales, también sobre los costos de las indemnizaciones que esto pudiera significar (para el Estado)", aseguró el parlamentario.

Añadió que el "el compromiso del Ejecutivo y los trabajadores es abrir el diálogo y vamos a sentarnos (mañana) a las 9.30 horas para tomar una decisión final. Las posturas son: se termina la concesión o sigue".

De parte del gobierno estuvieron presentes Anita Quiroga, jefa de la división de Gestión y Desarrollo de las Personas del Minsal, y Alvaro Henríquez, jefe de la División de Planes, Estudios y Licitaciones del MOP, quienes se manifestaron abiertos a aclarar las dudas de los funcionarios y lograr un acuerdo.

Los dirigentes gremiales, en tanto, valoraron la postura de las autoridades. Karen Palma, presidenta de la Fenats del Hospital del Salvador, dijo que "uno de los temas que se planteó es no vetar ninguna de las vías de solución. Nosotros insistimos en dar término a las concesiones hospitalarias. Hoy, el gobierno abrió una ventana".

Sobre las consecuencias para usuarios y funcionarios del modelo de concesiones dijo que "existe preocupación por los trabajadores de los servicios que van a externalizar. Se plantea opciones como el cambio de servicios o el término de contrato con indemnización, pero insistimos en un fortalecimiento de la salud pública. Que un trabajador sea funcionario público determina las condiciones de atención, de calidad y de reglamentación (clínica) en la atención de los pacientes".