Una serie de irregularidades en el pago de pensiones básicas solidarias detectó la Contraloría tras realizar una auditoría al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo dependiente del Ministerio del Trabajo.
La investigación constató que 960 casos que recibieron Pensión Básica Solidaria de Vejez tuvieron pagos con posterioridad a la fecha de su defunción, lo que implicó gastos para el Fisco por $ 100,6 millones.
