Las autoridades iraníes pusieron hoy en libertad a 140 detenidos durante las protestas contra la reelección del Presidente, Mahmoud Ahmadinejad, al mismo tiempo que ordenaron el cierre inmediato de la prisión de Kahrisak, donde se encerró a la mayoría de los detenidos, informaron medios estatales.

Los detenidos salieron de prisión tras pagar una fianza. Entre ellos se encuentra también la abogada defensora de los derechos humanos y de las mujeres Shadi Sadr, que fue casi secuestrada por las autoridades hace casi 10 días en plena calle. Sadr representaba también a la defensora de los derechos humanos Shiva Nazar Ahari, encarcelada a su vez en Teherán el mes pasado.

Según las autoridades de la Justicia, se encuentran aún en prisión 300 manifestantes que acusaron al gobierno de fraude. Contra unos 150 pesan acusaciones por posesión de armas, destrucción de la propiedad pública o conexión con grupos políticos proscritos, informó ISNA citando datos oficiales.

Además, el líder supremo iraní, el ayatola Ali Jamenei, ordenó el cierre inmediato de la controvertida prisión de Kahrisak, en el sur de Teherán, alegando "estándares insuficientes para atender los derechos de los prisioneros", citó la agencia de noticias Mehr al diputado Kasem Yalali.

En la prisión se encerró a la mayoría de los manifestantes detenidos en las últimas semanas durante las protestas contra los resultados de los comicios presidenciales del 12 de junio. La instalación fue también escenario de la muerte de algunos manifestantes en circunstancias poco claras.

Según datos oficiales, durante las protestas fueron detenidos unas 1.000 personas, de las que unas 300 se encuentran en prisión. Al menos 20 murieron durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Mientras, no sólo la oposición reformista, sino también círculos conservadores y diputados expresaron sus preocupaciones por el destino de los prisioneros.

El juez supremo iraní, el ayatolá Mahmud Hashemi Shahrudi, pidió a una comisión el lunes un análisis exacto sobre la situación de los detenidos. Además, ordenó que los prisioneros sobre los que no pesara ningún cargo grave fueran puestos en libertad a cambio del pago de una fianza en un plazo de una semana.

Por otro lado, hoy se supo que Hashemi Shahroudi será relevado a finales de agosto por Sadeq Lariyani, hermano del presidente del Parlamento y ex negociador nuclear iraní, Ali Lariyani, que se convertirá en el nuevo líder del poder judicial, informó la agencia de noticias Fars citando al portavoz de la Comisión Judicial del Parlamento, Mohammad Taqi Rahbar.

El juez supremo es nombrado por el líder religioso supremo, quien, según la Constitución iraní, tiene la última palabra en todos los asuntos del Estado.

Lariyani, de 49 años, ha formado durante ocho años parte del Consejo de Guardianes, a cargo también del proceso de elección. Aún no está claro si Lariyani, que nació en Nayaf, en sur de Irak, adoptará una posición más liberal dentro de la Justicia.

Los analistas consideraron que las puestas en libertad y el cierre de la prisión, así como indicaciones del juez supremo suponen un éxito para la posición en torno al candidato perdedor de los comicios presidenciales y líder opositor, Mir Hussein Mussavi.