Una serie de irregularidades en el pago de pensiones básicas solidarias detectó la Contraloría tras realizar una auditoría al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo dependiente del Ministerio del Trabajo.
El informe divulgado ayer es resultado de un análisis que la entidad aplicó en base a los 404.674 pensionados que recibieron el beneficio -conocido como pilar solidario- en diciembre de 2011, por un total de $ 38.906 millones. Según el documento, se examinaron los expedientes de los beneficiarios, los sistemas de concesión, emisión, pago y cobro. La Pensión Básica Solidaria de Vejez (PBSV) o invalidez -o pilar solidario- se creó con la Reforma Previsional como un mecanismo financiado por el Estado dirigido a quienes -con ciertos requisitos de edad, focalización y residencia- no están cubiertos por el sistema previsional.
La investigación de la Contraloría constató 960 casos que recibieron PBSV tuvieron pagos con posterioridad a la fecha de su defunción, lo que implicó gastos para el Fisco por $ 100,6 millones. Según el organismo, la ley señala que el beneficio se extingue el último día del mes de fallecimiento.
Sobre este caso, el IPS aclaró que ello "corresponde generalmente a cobros de apoderados de pensionados que han fallecido dentro del lapso de algunos días o hasta un mes desde la emisión del pago de su beneficio"
Además, en una respuesta a la entidad, el IPS reconoció que pagó indebidamente 1.373 documentos por un total de $ 114 millones, asegurando que realizará gestiones de cobro para recuperar los fondos.
No obstante, se indicó que para determinar si ha habido cobros de terceros "por aprovechamiento excepcional de esta circunstancia" el IPS solicitó al Ministerio Público -en abril de 2013 - realizar las investigaciones que correspondan.
Otra de las conclusiones de la Contraloría es que el instituto no cuenta con una "instancia de control que permita verificar la focalización del pilar solidario", lo que genera el "riesgo de subsidiar a personas que no cumplen con los requisitos exigidos en desmedro de la población objetivo".
Tras recalcular los puntajes -por ley el IPS debe realizar cada año- el servicio reconoció que 14.456 pensionados que obtuvieron el beneficio presentaron una puntuación mayor a la requerida. "Es decir, el 4% de los favorecidos con la PBSV no cumplían con la exigencia prevista en la ley", dicta el informe.
FALTA DE EXPEDIENTES
El organismo también detectó que parte de los beneficiarios no contaban con expedientes. Frente a esto, el IPS esgrimió que el terremoto de 2010 causó el extravío de algunos. Paralelamente, se comprobó que hubo postulaciones al beneficio que no contaron con el nombre, la firma y timbre del funcionario que las autorizó, reiterando que "el Servicio no cuenta con una instancia de control rutinario que permita verificar y actualizar los antecedentes de los pensionados". Más aún, algunos pagos fueron aprobados por funcionarios que no contaban con la facultad expresa para hacerlo.
A la vez, hubo discrepancias entre las firmas consignadas por los pensionados al momento del pago y las de los formularios de solicitud de subsidio. Esto fue atribuido por el IPS a problemas de los solicitantes para leer y/o escribir, al estado de tensión de los mismos e incluso a la existencia de analfabetismo, entre otras cosas.
La Contraloría también criticó que los documentos en garantía que el IPS debe recibir para "avalar el fiel y oportuno cumplimiento de los contratos" son contados en una planilla excel, "con el consiguiente riesgo de manipulación". Detalló que estos son custodiados en una caja fuerte, sin que se cumplan las exigencias de seguridad establecidas en la ley.
