Si bien no todas las isapres abiertas de Chile reaccionaron a la idea planteada a La Tercera por Enrique Paris, coordinador en salud del comando de Sebastián Piñera, de limitar parte de las ganancias de las isapres para invertir en prevención o prestaciones sin cobertura, algunas sí se mostraron abiertas a explorar otras alternativas. Una de ellas es devolver recursos a los afiliados en casos de baja siniestralidad, es decir, en casos en que el gasto en salud de esas personas sea bajo o menor en comparación con sus pares.

El ex presidente del Colegio Médico y actual integrante del equipo de Salud de Piñera planteó la posibilidad de "limitar las ganancias de las isapres hasta un porcentaje de lo que han invertido y lo que sobre de esa ganancia invertirlo en salud y en prevención. Esto pasa por llegar a un acuerdo con la industria en el sentido de que el margen de ganancia sea o transmita solidaridad con los pacientes. Si la industria tiene ganancias muy significativas, que se pudiera dialogar y conversar para que parte de éstas vuelvan al paciente", dijo.

Al respecto, el gerente general de isapre Colmena, Nicolás Donoso, manifestó que "la mejor manera de resolver el problema de la judicialización por alza de precio no es necesariamente a través de una regulación a los precios o primas que cobran las isapres ni a las adecuaciones, sino que replicar algo parecido a lo que hay en otras industrias reguladas donde se establece algún límite a las utilidades".

Agregó que lo mejor, en este caso, sería "fijar un piso a la siniestralidad, es decir, determinar cuánto de los fondos que recauda una isapre debería estar destinado al financiamiento de prestaciones de salud".

Según cifras de la Superintendencia de Salud, durante 2016 el 87,3% de lo recaudado en el año por el sistema se gastó en prestaciones de salud de sus afiliados y en el pago del Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL), 11,3% fueron gastos de administración y ventas y un 1,4% fue ganancia operacional, que llegó a $ 30.020 millones. En tanto, las utilidades para el mismo período fueron de $ 51.062 millones.

Por ley, las isapres tienen la facultad de adecuar el precio base de sus planes de salud una vez al año. Sin embargo, la justicia ha planteado discrepancias con el mecanismo de cálculo de ese reajuste anual y con la modificación unilateral de los contratos, lo que ha dado cabida a la judicialización del sistema, acogiendo miles de recursos de protección presentados por afiliados para detener dichas alzas.

En ese contexto, Nicolás Donoso agregó que incluso "desde el punto de vista público y para dejar de lado el fantasma de que las utilidades de las isapres son excesivas, se podría fijar cuánto es lo razonable y dar un marco para que las isapres se puedan mover". Sin embargo, enfatizó en que en un contexto de cambios, "preferimos un esquema que regule el margen de alguna forma por sobre un esquema que regule el precio".

Otras fuentes de la industria sostienen que el tema de la siniestralidad "parece más racional", en vez de actuar sobre las utilidades, donde se implica no sólo la utilidad operacional del sistema sino también las financieras, según explicaron.

Por su parte, y en el marco del Encuentro Nacional de Salud (Enasa), donde participaron los representantes de los equipos de salud de las candidaturas presidenciales, el presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, dijo esperar que en época de elecciones "no caigamos en promesas populistas como establecer regulaciones excesivas, regulaciones a las utilidades u otras similares que hagan inviable al sistema y signifiquen un serio desincentivo a la inversión en salud".

Mientras, el gerente general de Banmédica y Vida Tres, Fernando Matthews, dijo valorar "profundamente" la preocupación de Paris por el desarrollo de programas de salud preventiva, pero declinó hacer mayores comentarios hasta no conocer la propuesta de forma completa y detallada.

Por su parte, el ex gerente de Colmena e integrante de la comisión presidencial para la Reforma en Salud, Gonzalo de la Carrera, que propuso esta idea hace unos años, dijo que limitar las utilidades "es bueno para acabar con la judicialización y darle legitimidad al alza de precios y al sistema. Así los afiliados van a percibir que hay justicia en el alza de precios si ven que hay un tope para esa utilidad y que lo que se exceda, se les devuelva".