Ante la apertura del Tribunal Constitucional (TC) a la objeción de conciencia institucional, más allá del médico y del equipo que participa en la intervención, en el marco de la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, apuntó hacia los temores del gremio. ¿Cuáles? Un eventual elevado número de médicos e instituciones que se puedan declarar objetoras, y la posibilidad de que los mismos puedan tener un doble estándar en su definición ética: una postura en el mundo público y otra para su rol dentro de los centros asistenciales privados.

Con la determinación del TC de que se respete la objeción de conciencia a las instituciones, la mira está en aquellas entidades y también en los propios médicos...

Creemos que esa determinación cambia el escenario más en el sector privado que en el público. Pero en ambos, me preocupa que haya muchos objetores o que se distribuyan de forma desigual. No tenemos las cifras objetivas, pero sospechamos que serán muchas instituciones que tendrán una línea más dura. Nos preocupa que en las clínicas o en regiones no haya ningún médico que pueda realizar la prestación y que eso limite la ley, porque ahí quedaríamos nosotros como en el punto más visible de las limitaciones, lo que desde mi perspectiva sería muy malo. Eso, además, limitaría la objeción de conciencia, porque afectaría el acceso. La objeción tiene sus límites y responsabilidades, entre ellas el poder derivar. Si bien eso será de responsabilidad del Estado, en esa situación los objetores no serán igual de libres en esas situaciones.

Se especula que la argumentación del TC en materia de la objeción de conciencia irá en la línea de que se trata de un derecho inalienable y que no podrá ser enajenado en casos extremos. A su juicio, ¿es justo que esa objeción no tenga límites?

En las causales dos y tres, inviabilidad fetal y violación, siempre hay tiempo para derivar y creo que las redes van a poder funcionar. Entonces no debiera haber un caso tan extremo. Pero, pongámonos en el evento de que no haya ningún otro profesional. Me parece que la ética que requiere la profesión está por sobre la legalidad. Si la ley dice que los médicos van a poder mantener su objeción, es algo que dice la norma, pero la ética los llama a no limitar la prestación. Esto es mucho más profundo que lo que puede llegar a transmitir una ley. Lo mismo pasa en lo institucional. Si las instituciones deciden ser objetoras, espero que los médicos que dirigen esas instituciones hagan una reflexión más profunda de lo que pueda establecer una ley, que siempre va a tener limitaciones. Por ejemplo, en el caso de pacientes que llegan en la actualidad con abortos provocados, lo que nos obliga la ley es a denunciar, pero lo que ha dicho la ética y nuestros análisis, es que primero está la relación médico-paciente, y que no tenemos que denunciarla a pesar de lo que dice la ley.

¿Cree que el compromiso médico con la salud pública se ve debilitado con la objeción?

No lo creo. Esto tiene raíces morales y hay que intentar no entender si es bueno o malo, si no comprender que no todos estamos de acuerdo y que no hay una verdad absoluta, pero que pueden mantener su compromiso, sobre todo los que trabajen en el sector público. Valoro a los especialistas que se mantienen en el sector público a pesar de tener diferencias o ser objetores. La idea es no obligar a ningún profesional, protegerlos y que se mantengan trabajando acá, que no renuncien.

¿Existe temor de que los médicos sean perseguidos, despedidos o señalados por sus pares al ser objetores o no?

Tenemos información de que hay instituciones que les están preguntando de forma dirigida: ¿Es cierto que todos van a ser objetores? Si existe una presión, no es con libertad la decisión que puedan tomar. Por eso, mi llamado ha sido a proteger desde el gremio a los objetores y a los no objetores. Asimismo, me parecería muy mal que hicieran renunciar a alguien por ser objetor de una decisión institucional. Si esa información se materializa, lo tendríamos que analizar a nivel de tribunales internos y presión social, además de ver otras medidas.

¿Toma más fuerza en el actual contexto el contar con una ley de tuición ética?

Sí, porque, evidentemente, permite tener una autoridad moral como institución mucho más potente y reflexionar en torno a eso. ¿Qué temores tenemos en el Colegio? Que un médico sea objetor en lo público y no lo sea en lo privado; es decir, que tenga prestaciones que tienen sólo fines lucrativos en lo privado, como un negocio, pero en lo público impida el acceso a la prestación. Eso, efectivamente necesita un lineamiento de nuestros departamentos de ética y de nuestros tribunales, porque nos dejaría a todos mal. Cada acción cuestionable que comete un médico tiene peso en todo el gremio, de que todos los médicos somos mercenarios, comerciantes o con doble estándar. Y eso no puedo pasar.