Desde que el gobierno ingresó el proyecto de ley que busca reformar la educación superior, en julio de este año, que el diputado Giorgio Jackson (RD) comenzó a trabajar con sus asesores una propuesta paralela, que busca convocar a todos los sectores y así formular indicaciones ciudadanas para la iniciativa que comienza a legislarse en marzo del 2017.

A través de una plataforma abierta y participativa, el parlamentario llamó a debatir modificaciones, en base a 10 ideas que enumeró y que establecen como base que la educación es un derecho social . Asimismo, el reconocimiento a la posibilidad de un sistema mixto, pero donde el Estado garantiza un pilar de provisión por medio de instituciones públicas, estableciendo autonomía a intereses económicos, ideológicos e institucionales.

El borrador, que fue enviado a 100 actores relacionados al mundo de la educación- entre estos rectores y dirigentes del área- se adjuntó a una carta de invitación para discutir, criticar y sugerir innovaciones al documento del gobierno

"Desde un inicio comenzamos a desmenuzar el proyecto y nos motiva, como equipo, el poder conseguir aquello por lo que nos hemos movilizado hace tiempo: una reforma que haga de la educación un derecho, que sea gratuita y de calidad. Y nos asiste la convicción de que mientras más involucramos a los actores que han demandado cambios, tendremos una mejor reforma", explicó Jackson.

Hasta que el Ejecutivo establezca plazos para el ingreso de indicaciones, el diputado estará recibiendo ideas para complementar el documento que destaca la distinción entre tipos de instituciones, instrumentos y ponderaciones, para promover la inclusión en el acceso.

En este punto establece "trato preferente para las instituciones públicas (…), que implique un sistema diferenciado de financiamiento, por medio de aportes basales a las instituciones para el desarrollo de sus labores".

Para asegurar la calidad, el diputado pide reconocer no sólo criterios de gestión y excelencia académica, sino que debe incluir otros factores, tales como mecanismos para garantizar su autonomía, grados de participación interno, transparencia, libertad de cátedra, contar con carrera académica, entre otros.

En cuanto a financiamiento, el borrador determina terminar con el endeudamiento estudiantil y define el lucro como "delito autónomo".

Bajo esta base, el parlamentario rastrea "congregar apoyos a un conjunto de indicaciones, que dificulten políticamente a quienes se oponen, a usar el Tribunal Constitucional".

El proyecto está detenido desde que ingresó a comienzos de julio pasado en la Comisión de Educación de la Cámara, donde durante la últimas semanas se han hecho audiencias escuchando a diversos actores sociales, desde estudiantes a agrupaciones relacionadas con el sistema de educación superior. Sin embargo, no se ha votado.

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, señaló el martes, luego de que se aprobara el presupuesto, que el Mineduc ha estado trabajando en las indicaciones con el Consejo de Rectores y las otras agrupaciones, como el Cuech y el G9. Además, dijo la secretaria de Estado, "tenemos lista una parte muy importante y lo que queremos es que se vote en general en la comisión y eso es lo que pediremos".