ACOB RYTEN es uno de los expertos en estadísticas públicas más requeridos a nivel internacional y colaborador de muchas de las entidades que realizan esta labor, en todo el mundo. A su experiencia como director de Statistics Canada, la oficina nacional de estadísticas de Canadá, suma haber preparado el último Manual de Organización Estadística que distribuye Naciones Unidas.

Con Chile tiene una larga relación asesorando al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) desde hace más de una década. De hecho, cuando los técnicos del INE decidieron abordar la situación del IPC hace algunos meses, recurrieron a Ryten, pero ya en 2001 se le encargó un informe sobre nuevas funciones e institucionalidad para el INE. En esa línea, también ayudó en la planificación del Censo de 2012 y fue consultado por el ex director del INE, Francisco Javier Labbé, cuando decidió cambiar a un censo de derecho -en vez de uno de hecho-, lo que hoy se cuestiona como una de las principales razones para los problemas que de acuerdo a la Comisión Revisora Externa tuvo esa medición y en que se basa su recomendación de realizar un nuevo proceso censal en 2015.

Ryten hoy se encuentra en Sudáfrica, que busca cómo resolver el problema de un censo que tuvo una tasa de omisión de 18% y que, a punta de revisiones, ha bajado al 15%. Desde allí entrega su visión de la situación del censo que hubo en Chile y de la decisión que enfrenta el gobierno en cuanto a invalidarlo o no.

Tenemos un problema con el censo en Chile. Usted participó en el proceso…

Ustedes tienen dos problemas: el del censo y el problema creado por la recomendación de que se anule y se haga uno nuevo. Ambos son graves y no veo una solución muy clara.

¿Usted siguió el desarrollo del censo?

Sí. Visité el INE unas tres veces durante el período en que se hacía su planificación y preparación.

¿Y le pareció que se estaba haciendo bien?

Me pareció que el trabajo se estaba haciendo razonablemente. Un censo es la operación más compleja llevada por un instituto de estadística: es una movilización tremenda y se hace más difícil porque no hay un personal de planta ligado al censo; se hace un censo una vez cada década, lo que significa que toda la infraestructura debe crearse de nuevo, y eso genera dificultades de tipo conceptual y de tipo logístico únicas. Todo lo demás que lleva un instituto de estadística son labores continuas, para las cuales hay una preparación mensual o trimestral. Pero en el censo, una vez terminado, todo se detiene y diez años más tarde se vuelve a empezar. Entonces, ante su pregunta de si se estaba haciendo bien o mal, se estaba haciendo dentro de los parámetros posibles, razonablemente. Y seguro que mejor que el promedio de la región. Es necesario agregar que el censo cambió de rumbo en julio de 2011 y, por lo tanto, hubo una doble carga de trabajo.

Cuando se da ese cambio de rumbo, ¿por qué se mantienen los plazos originales? ¿Se alcanzaba a hacer?

No conozco los acuerdos presupuestarios o laborales que llevaron a mantener los mismos plazos. Son acuerdos entre el ministro, el director del censo, yo los tomé como datos. Hubo una evaluación de riesgos, se llegó a la conclusión de que el censo tradicional no iba a funcionar por razones objetivas, que por lo tanto era necesario cambiarlo por un censo de un tipo para el cual no había experiencia.

La Comisión Externa cree que una de las causas de los problemas fue que se trabajó contra el tiempo y hubo mucha improvisación.

Si no se hubiera cambiado de rumbo, también habría habido improvisación y se hubiera trabajado contra el tiempo.

¿Por qué?

Porque Chile tiene un sistema de control muy pesado que no facilita una tarea como el censo. Todo lo que constituye compras, otorgar contratos, contratar personal por tiempos reducidos, tiene una carga burocrática enorme. Es muy fácil después del censo hacer comentarios sobre la improvisación, pero durante la marcha el grado de libertad que existe es bien reducido. No tiene nada que ver con el INE, es la forma en la que funciona el aparato estatal. Sin duda, por una buena razón existen esos controles, pero no contribuyen a una planificación y ejecución fluida. Y quien nunca ha pasado por la experiencia de planificar un censo en una situación real, tiene dificultad en imaginar lo difícil que es.

Pero en definitiva, tenemos un censo que no resultó como se esperaba y que, según la comisión, tiene una tasa de omisión de al menos 9%.

Se ha hablado de la mayor tasa de omisión de todos los tiempos como si eso fuera insólito. Estoy en Sudáfrica, un país que tiene recursos, tiene una cierta experiencia, no es primera vez que hacen un censo, y la tasa de omisión es de 15%. Lo que tenemos que ver es cómo trabajamos con esa tasa de omisión de 15%. En EEUU, el Censo de 1990 tenía una tasa de omisión urbana bien superior al 20%. Hay muchos precedentes de altas tasas de omisión, no es el primer país en que ocurre.

¿Qué tasa de omisión es aceptable?

Una tasa de omisión excelente es la canadiense, que no supera el 2%. Lo aceptable depende de muchos factores. En Sudáfrica un 10% sería aceptable y 14% es inesperado. Pero no significa anular el censo.

En Chile precisamente esta Comisión Externa ha recomendado anular el censo y hacer uno nuevo, mientras que el gobierno está buscando la manera de poder mejorarlo y no invalidarlo. ¿Es posible completar los datos de un censo?

No sé lo que quieren decir con completar, pero repetir un censo es un disparate. Veo mucha dificultad en cómo hacerlo sin el gasto de enormes recursos públicos, el personal, la infraestructura, la credibilidad, el espíritu de cooperación por parte del público para hacer un nuevo censo sin, por lo menos, determinar qué hay de bueno en el censo "malogrado". Si tenemos 90% de los hogares chilenos encuestados, lo primero que haría es ver cómo los podemos aprovechar para que apoyen políticas públicas. Esa es la primera pregunta. La segunda es si hay alguna indicación de que en el 90% de los datos que tenemos hay sesgos y distorsiones tales que pudieran poner en riesgo la fijación de políticas públicas o no.

El gobierno habló de volver a viviendas no logradas o sin moradores para complementar los datos.

Eso sería la parte trivial. Lo que es importante es primero verificar si la cartografía es correcta y si una distribución de la omisión en el territorio nacional no es uniforme, para que uno concentre recursos en las regiones y subregiones en que la tasa de omisión es más fuerte y, después, aplicar en gabinete o en terreno las medidas de corrección que se impongan.

En ese sentido la comisión cuestiona la calidad de los datos y llama la atención sobre la heterogeneidad de la omisión.

Antes de declarar si los datos son fidedignos o no, o cuál sería la mejor forma para corregir errores que son inaceptables desde el punto de vista de aplicación de políticas públicas, sería necesario hacer un estudio en profundidad en gabinete para determinar cuál es la naturaleza de las medidas de corrección que se imponen. Eso es lo primero. Pasó algo similar en Colombia con el último censo: hubo una fuerte tendencia, sobre todo de parte de la comunidad académica, para decir "este censo es inutilizable". El gobierno colombiano convocó a una comisión externa que analizó en gabinete las fallas y errores durante un año y, prácticamente, se recuperó el censo sin tener que hacer ejercicios en terreno.

¿Lo que me dice es que hay casos anteriores de omisiones altas y que se deben revisar los datos exhaustivamente antes de tirar US$ 60 millones a la basura?

Exactamente. Es impensable echar a la basura la masa de datos recogidos por el Censo de 2012. Sería un acto de irresponsabilidad total. Quizás lleguemos a esa conclusión, pero llegar a eso debe ser el resultado de un estudio. En cuanto a la recomendación de hacer un nuevo censo y hacerlo en la forma clásica, en un día, para hacer lo que se hacía en tiempos anteriores, también es una irresponsabilidad. Tiene que ser resultado de un estudio, tiene que haber un proceso de interrogación de lo que piensa el público y las grandes comunidades de usuarios antes de hacer esa recomendación.

¿Es poco el trabajo de tres meses de esta comisión para la conclusión a la que llegan?

¿Sabe? Es desagradable hacer comentarios negativos sabiendo que la comisión pasó tres meses estudiando los resultados del censo. Sin embargo, tengo que decirle que si una comisión con exactamente las mismas credenciales me hubiera entregado en Canadá, cuando yo estaba al frente de nuestro instituto de estadísticas, un estudio con una recomendación radical como ésta, yo no la consideraría una recomendación responsable.

¿Cómo se repara la credibilidad de una institución como el INE cuando se ha visto tan cuestionada?

Esa es una pregunta clave y más importante que cómo se corrigen los errores del censo. Los errores los podemos medir, mientras que la credibilidad es un estado del alma y es más difícil medirlo. El funcionamiento de un INE es función de su credibilidad. Algo parecido pasó en varios países que conozco bien, como Sudáfrica, y la corrección de ese estado de alma es un proceso largo y que requiere empatía y cooperación por parte del público. Criticar al INE y decir que todo lo que hace está mal puede ser terapéutico, pero no constructivo.

¿Qué lecciones se deben sacar?

En los últimos 10 años ha habido un movimiento para reemplazar el censo clásico por censos alternativos. Los países escandinavos, por ejemplo, han decidido que los censos no valían la pena porque tienen excelentes registros administrativos y podían reemplazar todas las funciones del censo al recoger información directamente de la población. Holanda decidió explícitamente que no habrá otro censo. Ustedes en Chile, que tienen probablemente el mejor aparato estatal, la mejor burocracia de la región, quizás puedan ser los primeros que lleguen con su Registro Civil a un nivel tal que puedan dispensar hacer un nuevo censo.