El Gobierno nipón aprobó hoy el mayor presupuesto de defensa de su historia en un ambiente marcado por la pujanza territorial de China en la región y el ansia de mayor protagonismo militar por parte de Tokio.
El monto para el próximo ejercicio fiscal, que el Parlamento aprobará de aquí a abril, es de 4,98 billones de yenes (unos 35.966 millones de euros), un 2 por ciento interanual más.
El aumento va principalmente destinado a que Japón se haga con nuevos cazas, aviones de reconocimiento, aeronaves de alerta temprana, drones de reconocimiento o vehículos anfibios.
También para comprar terrenos en el archipiélago de Amami (sur del país) para desplegar personal de sus Fuerzas de Auto Defensa (Ejército) y para que comience a operar una unidad de vigilancia costera en Yonaguni, en la sureña prefectura de Okinawa.
Yonaguni es la isla japonesa habitada más occidental (está apenas a 70 kilómetros de Taiwán), pero ante todo dista solo 90 kilómetros de los controvertidos y deshabitados islotes Senkaku (Diaoyu en chino).
Las Senkaku, administradas por Japón pero reclamadas por China, se han convertido en uno de los principales escollos en las relaciones bilaterales, sobre todo desde que en 2012 Tokio adquirió tres de los islotes que eran propiedad de un particular nipón, lo que desató las iras de Beijing.
Desde entonces, patrulleras chinas han accedido en numerosas ocasiones a aguas que Japón considera parte de su territorio en torno a las disputadas Senkaku, una zona en la que, según Tokio, navíos chinos han apuntado además a buques y helicópteros nipones con sus sistemas de radar.
Desde que a finales de 2012 llegara al poder el conservador Shinzo Abe el presupuesto de defensa nipón se ha incrementado cada año y ha retomado su tendencia al alza tras una década de recortes.
El compromiso de Abe de potenciar la defensa del territorio ante lo que Tokio considera incursiones de China, se une al deseo de jugar un papel militar más activo en el escenario global.
Es por eso que su Gobierno aprobó una polémica reinterpretación de la Constitución pacifista del país para permitir a las Fuerzas de Auto Defensa defender a un aliado en caso de que este sea atacado, algo que prohibía hasta ahora la Carta Magna impuesta tras la II Guerra Mundial.
Muchos críticos dentro y fuera de Japón consideran que la decisión traiciona el espíritu pacifista de la posguerra y abre la vía a una nueva militarización del país, mientras que otros consideran que aumentar los presupuestos y potenciar la alianza con Washington es la única manera de plantar cara a Beijing.
Estos últimos pueden argumentar que Japón gasta una tercera parte de lo que China destina a sus Fuerzas Armadas (35.000 millones de euros frente a 110.000 en 2014).
También que tanto el ritmo de incremento de las partidas -el 2,8 frente al 12,2 por ciento el año pasado- como el volumen del PIB que suponen -el 1 frente al 2 por ciento, según estimaciones de 2013 del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI)- son menores en el caso de Tokio.
Por contra, aquellos que se oponen a los planes de la administración Abe pueden destacar que China tiene 10 veces más población y un territorio que es casi 26 veces más grande.
De cualquier modo, Japón, cuya Constitución le impide mantener "fuerzas terrestres, marítimas o aéreas", es paradójicamente el octavo país del mundo que más gasta en defensa (China es segundo), según los últimos datos del SIPRI.
Esas mismas cifras indican que también es el segundo que más desembolsa en proporción al tamaño de su territorio, solo por detrás de Reino Unido.